El Senado, en sesión extraordinaria, aprobó con modificaciones el proyecto de Ley “De la función pública y del servicio civil”, con algunas modificaciones en base al dictamen de la Comisión de Legislación. El documento será remitido a la Cámara de Diputados para su análisis correspondiente.
En el estudio en general del proyecto, el senador Derlis Maidana, presidente de la Comisión de Legislación, explicó que el objetivo principal de la propuesta es establecer una norma para la función pública que se encuentre en el ámbito del Poder Ejecutivo, reconociendo la autonomía de ciertas instituciones públicas, tal como lo estipula la Constitución Nacional. Aclaró que esta autonomía no es una concesión arbitraria, sino que se basa en la normativa constitucional que otorga independencia a organismos como el Consejo de la Magistratura, el Jurado de Enjuiciamiento, la Contraloría General de la República, la Fiscalía General del Estado y otros, con funciones propias como el Poder Legislativo y Judicial.
Asimismo, detalló que el proyecto establece el concurso público como el único mecanismo de ingreso a la función pública, con excepciones para los cargos electivos y de confianza. También contempla un período de prueba de seis meses para la evaluación y posterior estabilidad laboral.
En cuanto a los empleados contratados, se prevé un régimen especial que garantiza la estabilidad laboral tras diez años de servicio ininterrumpido y derechos laborales como vacaciones, aguinaldo y acceso a la seguridad social, conforme al presupuesto vigente.
Para los directivos públicos, el proyecto establece que sean seleccionados mediante concurso público, con un periodo de tres años y un límite de nueve años de permanencia. Los actuales directivos que ocupan puestos sin carácter de confianza podrán continuar en sus cargos hasta que se realicen los concursos necesarios para su cobertura.
Sobre las pasantías, el proyecto aclara que estas no crean vínculo laboral, ni permiten cubrir vacantes o reemplazar personal. Además, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), será responsable de diseñar las políticas de remuneración para el servicio civil, teniendo en cuenta el impacto fiscal y la eficiencia del gasto.
También subrayó que, la normativa no excluye al Poder Judicial ni al Legislativo; cada organismo constitucional autónomo será la autoridad de aplicación en materia de función pública, reglamentando y aplicando esta ley en las relaciones laborales no cubiertas por un régimen especial, siempre en concordancia con la Constitución.
“Creo que esta normativa permitirá un sector público más eficiente y eficaz en beneficio de todos los paraguayos, recompensando a quienes se destacan por su esfuerzo y capacidad”, afirmó el senador Maidana.
Por su parte, el senador Javier Zacarías Irún, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, respaldó el dictamen de aprobación con modificaciones, resaltando que este marco legal administrativo incorpora principios de transparencia, integridad, idoneidad y meritocracia en el sistema de función pública.
Asimismo, el senador Silvio Ovelar, presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto; Mario Varela, presidente de la Comisión de Derechos Humanos; y Carlos Núñez, titular de la Comisión de Economía, expresaron su apoyo al proyecto con las modificaciones introducidas.
Intervino, además, el senador Arnaldo Samaniego, presidente de la Comisión Bicameral de Reordenamiento de la Estructura del Estado, quien señaló que el proyecto afectará al 20% de los funcionarios públicos, excluyendo a las fuerzas de seguridad, docentes y otros sectores regidos por leyes especiales. “Esta ley será una herramienta clave para ofrecer a la ciudadanía una gestión ágil, moderna y eficiente, sin afectar los derechos de los funcionarios públicos”, afirmó.
Tras un extenso debate, el proyecto fue aprobado en general. A continuación, se aprobaron los artículos sin objeciones, y luego se procedió al análisis de los artículos objetados. El texto base utilizado fue el documento consensuado por las Comisiones de Legislación, Hacienda y Presupuesto, Derechos Humanos y Economía.
Fuente: Senado.
