El senador Rafael Filizzola, del Partido Democrático Progresista (PDP), cuestionó duramente la reciente promulgación de la Ley que establece el Régimen Nacional de Integridad Pública, Transparencia y Prevención de la Corrupción, afirmando que no aborda los principales problemas estructurales que afectan la lucha contra la corrupción en Paraguay.
En sus declaraciones, Filizzola señaló que, aunque la ley busca proyectar una imagen de mayor honestidad en la administración pública, no resuelve conflictos esenciales como el existente entre la Contraloría General de la República (CGR) y el Tribunal de Cuentas. Según el legislador, este conflicto es uno de los mayores obstáculos para el correcto funcionamiento del órgano contralor.
“Recordemos que el Ejecutivo vetó la ley de conflictos de intereses sancionada por la legislatura anterior (como si esto fuera poco, escondió el decreto por varios días, violando las reglas de publicidad) y en el Congreso se terminó matando la norma que sí resolvía este problema, con la promesa de presentar esta ley de Integridad, que finalmente ni se ocupa del puenteo del control a la CGR por parte del Tribunal de Cuentas”, expresó Filizzola.
El senador también alertó sobre lo que calificó como un “desequilibrio” en la estructura del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), creado en el artículo 11 de la ley. “En el CNA existe un claro desequilibrio entre los poderes del Estado, dando preeminencia en forma inconstitucional al Ejecutivo. Lo más grave es que este Consejo será copresidido por el contralor general y el representante del Ejecutivo. Con esto, un órgano constitucionalmente extra poder y autónomo se subordina a los poderes del Estado, principalmente al Ejecutivo”, subrayó.
Para Filizzola, el diseño de este Consejo no solo perpetúa las tensiones existentes entre la CGR y el Tribunal de Cuentas, sino que además debilita la independencia del contralor general.
En sus críticas finales, el legislador fue contundente: “En síntesis, se trata de una ley redactada deficientemente que no resuelve el principal problema institucional de la CGR y genera otros nuevos, por lo que no contribuye en nada a mejorar la lucha contra la corrupción en Paraguay”.
La promulgación de esta normativa ha generado un intenso debate entre distintos sectores políticos y sociales, quienes cuestionan su efectividad para fortalecer la transparencia y combatir la corrupción en el país.
