La Comisión de Asuntos Económicos y Financieros que encabeza el diputado Carlos Nuñez emitió un dictamen de rechazo para el proyecto de ley “Que modifica el artículo 17 de la Ley N° 7.143/23 – Que crea la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios”.
En la fundamentación del rechazo, los miembros del bloque mencionaron que desde antes de la creación de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), el modelo de financiamiento de las entidades que la integran ya preveía la asignación de un porcentaje de la recaudación para garantizar su funcionamiento, modernización y operatividad.
Se sostiene que con la aprobación del proyecto de modificación habría un retroceso en cuanto a la estructura operativa y funcional de la institución.
Hay que recordar que el artículo 17 establece que para financiar sus gastos previstos en el Presupuesto General de la Nación (PGN), constituirán ingresos institucionales el 0,7 % de la recaudación de los tributos cuya recaudación estén bajo su competencia; y la tasa del 0,5 % sobre el valor en aduana de las mercaderías importadas, así como las demás tasas por servicios aduaneros prestados a usuarios externos y tasas de servicios cobrados por las delegaciones designadas en el exterior.
Igualmente, el 50 % del producto de las multas por falta aduanera por diferencia y de las multas por defraudación y omisión de pago de tributos internos – el 50 % restante será remitido a la Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de Hacienda, como Fuente de Financiamiento 10, para solventar el PGN -; y el 50 % del producto del remate de las mercaderías caídas en comiso por causa de contrabando.
La propuesta de modificación, empero, plantea que todos los ingresos que financian el funcionamiento operativo de la DNIT, sean destinados directamente a las arcas del Estado y que sea, exclusivamente, el Presupuesto General de la Nación el que financie su funcionamiento.
Señala que la normativa vigente permite que la DNIT integre su actual presupuesto con porcentajes de la recaudación de diferentes multas aplicadas por la Administración Nacional de Aduanas, pero ello genera riesgos de discrecionalidad y conflicto de intereses.
El proyecto de ley será estudiado por el plenario de Diputados este martes.
