Una iniciativa popular que declara como «Derecho Humano fundamental» el acceso a la energía eléctrica se encuentra en estudio en la fecha en una audiencia pública por «iniciativa popular».
La ingeniera Mercedes Canese explicó que logró más de 50.000 firmas de las cuales, 48.000 fueron certificadas por el Tribunal Superior de Justicia Electoral.
Con la normativa se pretende ampliar tarifa social que actualmente es hasta 300 megavatio/mes hasta 1500 megavatio/mes, es decir hasta los usuarios que pagan G. 600 mil aproximadamente.
Esto tendrá un costo para la ANDE cercano de USD 200 millones a ser financiados con fondos sociales de las entidades Binacionales que deberán pasar por el Presupuesto General de la Nación, PGN y destinar a la ANDE.
De aprobarse, el ente estatal ya no podrá cortar la energía de uso doméstico por falta de pago, además de permitir descuentos de hasta el 90% a ser aplicados de forma escalonado. Incluye además a las Mipymes y las Juntas de Saneamiento.
