La agente fiscal Mercedes Vera, intervino en una causa donde una mujer con cargo de directora general fue desvinculada como funcionaria permanente de la Defensoría del Pueblo. En ese sentido, el titular de dicho ente, Rafael Luis Ávila Macke, fue imputado por presunto desacato de una orden judicial. La fiscal solicitó al Juzgado Penal de Garantías que pida su desafuero.
Refiere el escrito que por A.I. de fecha 19 de junio de 2024, el Tribunal de Cuentas Contencioso Administrativo de la Primera Sala dispuso hacer lugar a la medida cautelar peticionada por parte de Nidia Pintos Benítez, quien había sido desvinculada como funcionaria permanente. Asimismo, se dispuso su inmediata reposición al cargo que tenía. También se ordenó que la parte actora otorgue contracautela de un millón de guaraníes o en póliza de seguro.
Seguidamente, el 11 de setiembre del mismo año, escrito mediante y bajo patrocinio de un abogado, Pintos Benítez había comunicado al Tribunal de cuentas de Primera Sala sobre el incumplimiento del A.I. de junio, anteriormente descrito, por parte de la Defensoría del Pueblo. Asimismo, mencionó la vacancia dentro de la nómina de funcionarios, situación que se pudo constatar en el informe remitido a la fiscal interviniente.
Luego, el presidente del Tribunal de Cuentas Contencioso Administrativo 1ra. Sala remitió por oficio a la Fiscalía General del Estado, recibida en fecha 25 de septiembre, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 4711/12, para el trámite pertinente con relación a la no reincorporación como funcionaria permanente.
En ese sentido, el escrito fiscal menciona que existen suficientes elementos de sospecha acerca de la existencia de la supuesta comisión del hecho punible encuadrado dentro de la conducta descrita, que sanciona el desacato de una orden judicial.
Ávila Macke se encuentra investido de inmunidades en razón de su cargo, por lo que la fiscal Mercedes Vera solicitó al Juzgado Penal de Garantías que comunique el acta de imputación y requerimiento fiscal presentado, y que en consecuencia la Honorable Cámara de Diputados trate el desafuero del imputado.
