Se trata del proyecto de ley que busca revolucionar los protocolos de búsqueda de personas desaparecidas mediante el uso de tecnología digital. La iniciativa, denominada «Que establece el protocolo especial para la búsqueda por medios digitales de personas desaparecidas», propone obligar a las empresas telefónicas a proporcionar información de geolocalización de manera inmediata. El proyecto es impulsado por el diputado Salul González.
Según la exposición de motivos del proyecto, uno de los principales obstáculos en las investigaciones de personas desaparecidas son las demoras de las compañías telefónicas para entregar información crucial.
“Los familiares de desaparecidos, frecuentemente, reciben de las autoridades la respuesta de que las compañías telefónicas demoran en dar la información requerida sobre la geolocalización y triangulación de antenas celulares», dice la exposición de motivos.
Agrega que esta situación genera frustración en los denunciantes que perciben que la Policía Nacional, la Fiscalía General y los juzgados de garantías no actúan con la urgencia necesaria en estos casos críticos.
Datos en tiempo real
El proyecto establece que las empresas públicas y privadas de telefonía celular deberán proveer datos de geolocalización y triangulación de antenas «en forma inmediata, es decir en tiempo real y en su defecto, en un plazo no mayor a dos (02) horas a partir de su solicitud».
El diputado González Rojas fundamenta la viabilidad técnica de esta medida señalando que «existen empresas que brindan ese servicio a automóviles o similares en tiempo real», por lo que considera injustificado no ofrecer la misma rapidez cuando se trata de localizar personas.
El proyecto designa al Departamento de Búsqueda y Localización de Personas de la Policía Nacional como la entidad principal encargada de estas investigaciones. Sin embargo, también otorga facultades a la Fiscalía General de la República a solicitar, directamente, a los juzgados de garantías cuando la Policía Nacional no active el protocolo de inmediato.
Los oficios serán tramitados mediante la figura del «anticipo jurisdiccional de pruebas», garantizando un marco legal sólido para las solicitudes de información, según la propuesta.
Una de las disposiciones más exigentes del proyecto es la que obliga a las empresas telefónicas a «adecuar sus instalaciones técnicas e infraestructura de manera a dar la respuesta requerida en el tiempo establecido».
El diputado González Rojas sustenta su propuesta en el artículo constitucional que consagra la vida humana como el bien más preciado, según establece la Constitución Nacional de 1992. “Este fundamento constitucional refuerza la urgencia e importancia de implementar mecanismos más eficientes para la búsqueda de personas desaparecidas”, expresa parte de las fundamentaciones.
