La agente fiscal Zunilda Ocampos Marín formuló imputación contra los agentes policiales, Derlis Ariel Chávez Giménez, Silvio Javier Rojas Vera, Celiano Antonio Zayas Benítez, Ángel Gabriel Resquín Vera, Denis Evaristo Miltos y la abogada Blanca Noemí Gauto Fernández, por la presunta comisión de los hechos punibles de privación de libertad y extorsión agravada.
Los cinco hombres imputados pertenecen al Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional, mientras que la mujer es profesional del derecho. Derlis Ariel Chávez Giménez ostenta el rango de oficial inspector, en tanto que los demás efectivos policiales revisten el grado de suboficiales.
Según el acta de imputación fiscal, los hechos ocurrieron el 3 de junio de 2025 en la ciudad de Presidente Franco, mientras las víctimas se encontraban a bordo de una camioneta Kia Sportage, cuando fueron interceptadas los ahora imputados, quienes circulaban en una camioneta Toyota Hilux de color gris, quienes portando armas de fuego en la cintura, se identificaron como agentes del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional.
Los presuntos autores habrían forzado al conductor a descender de su vehículo y lo habrían obligado a subir a la camioneta Toyota Hilux. Mientras tanto, dos de los policías habrían subido al rodado de las víctimas. Los agentes les habrían despojado de sus respectivos teléfonos celulares, manteniéndolos incomunicados.
Los 5 involucrados habrían exigido la suma de 50.000 dólares (cincuenta mil dólares americanos) a cambio de su liberación, amenazando con allanar todas sus propiedades y las de sus padres en el marco de supuestas investigaciones por lavado de dinero y crimen organizado.
Una de las víctimas habría sido mantenido privado de su libertad por aproximadamente tres horas en el quincho con blindex del Departamento de Investigaciones. Mientras tanto, los demás habrían sido retenidos en el vehículo, en el mismo predio. En un momento dado, los efectivos policiales le indicaron al denunciante que se comunicara con su abogada, Blanca Noemí Gauto, quien luego se hizo presente en el lugar.
Tras 4 horas, y en presencia de la abogada, también imputada, se habría llegado a un acuerdo de pago de 30.000 dólares al momento y 20.000 dólares en el plazo de un mes.
El primer monto, equivalente a 236.000.000 de guaraníes (doscientos treinta y seis millones de guaraníes), fue extraído de diferentes entidades bancarias y entregado a uno de los supuestos extorsionadores con la ayuda de la abogada Blanca Noemí. Luego de la entrega del dinero, las víctimas fueron liberadas a las 16:40 horas aproximadamente, frente al Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional.
Tras la denuncia de las víctimas, la fiscal Zunilda Ocampos dispuso la detención de los seis presuntos involucrados y solicitó al Juzgado Penal de Garantías de Presidente Franco la notificación del acta de imputación, la convocatoria a audiencia para ser oídos y la aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva. Los agentes del orden, al enterarse de la orden de detención en su contra, se presentaron en la Dirección de Policía de Alto Paraná, donde permanecen privados de libertad.
La Fiscalía pidió la prisión preventiva debido a la gravedad de los hechos punibles, la existencia de elementos suficientes que vinculan a los imputados como autores y partícipes, y el peligro de fuga y obstrucción a la investigación, considerando la calidad de efectivos policiales de cinco de ellos. La imputación se sustenta en la denuncia de la víctima, sus declaraciones testificales junto a los demás afectados y extractos de movimientos de cuenta bancaria.
