Un grupo de Diputados presentó un proyecto de ley “Que regula la seguridad de prestadores de servicios y usuarios de plataformas digitales de movilidad y reparto a domicilio”, que tiene como objetivo responder a la creciente necesidad de proteger a los actores involucrados en este tipo de servicios, comúnmente denominados deliverys, cada vez más utilizados en el país.
El documento destaca que el avance tecnológico y la masificación del uso de aplicaciones móviles han transformado la forma en que las personas se trasladan y acceden a bienes y servicios. No obstante, alega, también ha generado situaciones de riesgo y vacíos legales que requieren atención urgente.
Según la exposición de motivos, en los últimos años se han registrado múltiples denuncias de hechos de violencia y situaciones que han puesto en riesgo la integridad de conductores, repartidores y usuarios, sin que exista hasta la fecha una normativa específica que garantice una respuesta efectiva por parte de las autoridades.
La propuesta legislativa plantea, entre otros puntos, la creación del Registro en Plataformas Digitales de Servicios, que estará a cargo del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), y cuyo fin será reunir información clave de los prestadores de servicios y usuarios, como antecedentes, licencias y datos personales, todo bajo estrictas normas de protección de datos.
Asimismo, se designa como autoridad de aplicación al Viceministerio de Transporte, dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), que será responsable del control y fiscalización del cumplimiento de la norma, en colaboración con el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, que tendrán acceso a la base de datos para casos de denuncias o investigaciones.
Entre las medidas más destacadas del proyecto se incluye la obligación de las plataformas digitales de implementar un botón de pánico, tanto para usuarios como para trabajadores, que alerte a las autoridades en tiempo real ante situaciones de emergencia.
También se establece que las empresas deberán contar con un lugar físico de atención al público en Paraguay, y garantizar mecanismos transparentes para la resolución de conflictos, así como políticas claras sobre la reputación digital de usuarios y prestadores.
La propuesta contempla además una Mesa de Trabajo Permanente, integrada por representantes del sector público, empresas y trabajadores, con el objetivo de mantener un diálogo constante sobre el funcionamiento de estas plataformas, proponer mejoras y atender problemáticas emergentes.
En caso de incumplimientos, el proyecto contempla multas y sanciones proporcionales a la gravedad de las faltas, cuyas recaudaciones serán distribuidas entre el Hospital del Trauma, el MOPC y el MITIC, con el fin de reforzar la fiscalización y promover programas vinculados a la seguridad y el desarrollo tecnológico.
Los legisladores proyectistas sostienen que la normativa busca no solo aumentar la seguridad, sino también fomentar la transparencia y responsabilidad de las empresas del sector, promoviendo un entorno de confianza que beneficie a toda la sociedad.
Son firmantes del documento los diputados Diosnel Aguilera (PLRA-Ñeembucú); Dalia Estigarribia (PLRA-Central); Luis Federico Franco (PLRA-Central); Pedro Gómez (PLRA-Central); Carlos Pereira (PLRA-Itapúa); Roya Torres (PLRA-Alto Paraná); y Arnaldo Valdez (PLRA-Misiones).
