Se trata del proyecto de ley “Que crea el Registro Nacional de Pagarés y otros Títulos de Crédito (RNPyTC)”, dependiente de la Corte Suprema de Justicia, con el objetivo de fortalecer la seguridad jurídica y prevenir fraudes en el sistema financiero paraguayo.
La iniciativa establece que todos los pagarés, letras de cambio, cheques, bonos y otros títulos de crédito deberán inscribirse, obligatoriamente, en el registro dentro de los 10 días hábiles posteriores a su emisión. Sin esta inscripción, los documentos no podrán ser ejecutados judicialmente ni serán oponibles a terceros, según la exposición de motivos.
Prevé que el sistema funcionará de manera digitalizada y emitirá un certificado de registro que será requisito indispensable para iniciar cualquier acción judicial de ejecución. Cada vez que se registre un título, el deudor recibirá notificación automática por SMS, correo electrónico y aplicaciones de mensajería para detectar posibles fraudes.
Según la exposición de motivos, la propuesta surge ante la ausencia de un registro centralizado que ha generado problemas como duplicación de documentos, circulación de títulos adulterados y dificultades para verificar su autenticidad. “Estas situaciones han afectado la confianza en el sistema financiero y ocasionado pérdidas significativas tanto a entidades financieras como a particulares”, refiere el documento.
Establece, por otro lado, que podrán registrar títulos las entidades del sistema financiero reguladas, cooperativas de ahorro y crédito autorizadas, casas de bolsa, escribanos públicos y empresas emisoras de valores, todas previa autorización del Banco Central del Paraguay.
El proyecto estipula penas de tres a cinco años de prisión y multas de hasta el triple del monto defraudado para quienes falsifiquen títulos o registren documentos con datos falsos. “Los jueces que ejecuten documentos no registrados serán investigados y sancionados por la Corte Suprema de Justicia”, advierte el proyecto.
La propuesta modifica el Código Procesal Civil, la Ley General de Bancos y el Código Civil para incorporar la obligatoriedad del registro.
