La Comisión de Investigación de la Mafia de los Pagarés reveló irregularidades en los llamados “descuentos convencionales” a través de asociaciones, muchos sin registros claros ni control de cuotas. Estas prácticas son la antesala del esquema de estafas con pagarés, agravado luego con embargos judiciales múltiples.
Durante la última sesión de la Comisión Especial de Investigación sobre la Mafia de los Pagarés, realizada en el Senado con presencia de la ministra de Salud, María Teresa Barán, se reveló que la cartera sanitaria percibía el 1% de cada operación de descuento realizada a funcionarios a través de convenios con asociaciones.
El equipo técnico de la Comisión expuso que, en muchos casos, estos descuentos son el primer eslabón del esquema fraudulento: se firman pagarés y autorizaciones de débito simultáneamente, pero los montos pagados no se registran adecuadamente, ni se devuelven los documentos originales. Luego, el pagaré circula judicialmente como si la deuda no hubiese sido cancelada.
Casos documentados por la Comisión evidencian descuentos duplicados, falta de control sobre intereses y cuotas, y trabas administrativas que impiden a los trabajadores cancelar dichos descuentos. Las instituciones públicas argumentan que existe una “autorización firmada”, sin verificar su validez o vigencia legal.
Según datos del MSP, existen 1.838 casos de descuentos por embargos judiciales. Sin embargo, no se especifica cuántos corresponden a descuentos convencionales, pese a que muchos se vinculan directamente a esquemas fraudulentos.
Consultadas las autoridades si existía un procedimiento para que los trabajadores soliciten el cese, se indicó que debían gestionarlo con la asociación correspondiente. No obstante, el equipo técnico demostró que en algunos casos estas gestiones no prosperan, incluso con respaldo legal.
Tras la presión ejercida en la sesión, el Ministerio resolvió cancelar todos los convenios de descuento con asociaciones en un plazo de 60 días, permitiendo que, en el ínterin, cada trabajador pueda revocar por nota la autorización ante la Giraduría de Sueldos.
El senador Rafael Filizzola, presidente de la Comisión de Investigación de la Mafia de los Pagarés, calificó como un avance importante esta medida.
“Estos esquemas que terminan convirtiéndose en descuentos eternos para las víctimas, quienes luego incluso son llevadas a juicios de cobro de guaraníes y sufren múltiples embargos. Por eso insistimos en la necesidad de que el Ministerio de Salud implemente un mecanismo que permita al funcionario solicitar el cese de descuentos automáticos. Cada funcionario debe tener el derecho de elegir cómo honrar sus deudas legítimas”, expresó.
