La Comisión Especial del Senado identificó un intento de cobro doble a un docente jubilado: primero, mediante descuentos automáticos a través de una asociación y luego vía embargo judicial. La acción permitió frenar la demanda y evidenciar que los pagos ya habían sido cancelados.
Reino Salvador Vera Medina, docente jubilado oriundo de Concepción, vivió en carne propia los efectos devastadores del esquema conocido como la “mafia de los pagarés”. Perdió su casa, vio desaparecer sus ingresos por descuentos sistemáticos y hoy sobrevive en la vivienda de su hermana en Lambaré.
Su caso revela un modus operandi que combina descuentos convencionales gestionados a través de asociaciones con demandas judiciales posteriores sobre la misma deuda, muchas veces ya cancelada. La Comisión Especial de Investigación del Senado detectó esta práctica en su situación y logró frenar un nuevo intento de embargo.
YA SEDESCONTÓ.
El señor Reino Vera fue demandado por Credidiemar S.A. y citado para el 10 de junio pasado a fin de reconocer su firma en el pagaré por G. 22.000.000, reclamado ante el Juzgado de Paz de Santaní, bajo advertencia de iniciar el juicio ejecutivo.
El 12 de junio con asistencia legal de la Comisión el señor Vera solicitó a la Asociación de Educadores Naciente un informe detallado sobre los préstamos recibidos, los montos descontados y el estado de la deuda. La información fue procesada y contrastada con los registros de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones (DGJP), entidad a través de la cual se realizaron los débitos automáticos.
Cinco días después, el 17 de junio, la asociación respondió formalmente y se detectó que reclamado por Credidiemar el crédito había sido saldado y adjuntó copia del pagaré con el sello de “CANCELADO”. El documento coincidía exactamente con el pagaré incluido en una demanda presentada por la empresa Credidiemar, que ya había notificado judicialmente a Vera.
Al día siguiente, el 18 de junio, el jubilado compareció ante el Juzgado de Santaní, acompañado por un abogado de la Comisión del Senado y con apoyo solicitado a la Defensa Pública. Al llegar, se encontraron con la novedad de que la misma empresa demandante había solicitado el finiquito del caso el día anterior, coincidiendo con la fecha en que la asociación admitió por escrito que la deuda estaba cancelada. Sin embargo, hasta hoy, el pagaré original no fue entregado por la empresa.
VÍCTIMA DE OPERADORES
La historia de Vera no es un caso aislado. En 2021 conoció a un hombre identificado como “Alcides”, aunque también usaba los nombres de Alberto y Nelson Gavilán, quien se presentaba como gestor de la Asociación de Educadores Aborigen. Con su intermediación, el docente jubilado accedió a varios préstamos pequeños. El primero de G. 750.000 de una empresa llamada San Miguel y otro G. 500.000 más un horno eléctrico de otra firma cuyo nombre no recuerda.
Tiempo después, solicitó un nuevo préstamo por G. 1.000.000, junto con una placa eléctrica. En todos los casos Alcides se quedó con los electrodomésticos. En total recibió unos G. 2.250.000, pero según registros verificados por la Comisión del Senado, ya se le descontaron más de G. 25 millones, sin contar los bienes físicos que nunca recuperó.
Otro supuesto prestamista, apodado Jorge “El Petizo” de San Lorenzo, fue presentado por Alcides y ofreció un nuevo préstamo de G. 10.000.000. Para gestionarlo viajaron juntos a Santaní, donde Vera fue abandonado durante varias horas en la plaza del pueblo mientras se realizaban supuestos trámites. Finalmente, ya de regreso a Asunción, firmó varios documentos en un automóvil en Fernando de la Mora, donde recibió G. 10.000.000 en efectivo.
Justamente en Santaní se presentó la demanda de embargo que, finalmente, se comprobó que ya había sido cancelada en su totalidad, ya que la deuda fue descontada a través de la Asociación de Educadores Naciente. En total, esta asociación ya le descontó a Reino G. 30.902.899, sumando esta y otras operaciones.
ESQUEMA RECURRENTE
Con el paso del tiempo Vera firmó acuerdos con varias asociaciones. Pero no siempre comprendía el alcance de lo que estaba firmando, ni los motivos de las nuevas demandas que surgían por deudas que creía ya saldadas. Desde la Comisión, se emprendió una revisión exhaustiva de todos los descuentos aplicados desde su jubilación, cruzando datos con las entidades intervinientes y documentando mes a mes los cobros realizados.
Este caso representa un patrón que se repite en decenas de expedientes analizados por la Comisión, autorizaciones firmadas en contextos de vulnerabilidad, préstamos de bajo monto convertidos en deudas multiplicadas, descuentos automáticos sin control y pagarés que, aún cancelados, continúan circulando como instrumentos judiciales.
Reino Vera es, como otros jubilados afectados, parte del registro oficial de víctimas que el Senado busca acompañar para reconstruir justicia en un sistema donde, muchas veces, el propio Estado facilita por omisión o complicidad el abuso financiero contra personas indefensas.
La Comisión habilitó la línea 0986 800 300, disponible de 09:00 a 15:00 horas para llamadas y mensajes. Esta línea es de atención exclusiva para personas jubiladas. También se brinda atención presencial en el Senado (2.º piso), los días martes, jueves y viernes, de 09:00 a 13:00 horas
