Cuatro de los seis aviones Super Tucano comprados por el Ejecutivo a Brasil para la Fuerza Aérea Paraguaya (FAP) llegan este lunes. El objetivo principal de estas aeronaves es la interceptación de vuelos irregulares que, se presume, están relacionados con actividades del narcotráfico y el contrabando. El senador Derlis Maidana (ANR-HC) afirmó que con estos nuevos aviones y radares se permitirá un mayor resultado en el control del espacio aéreo paraguayo ante los vuelos ilícitos.
El legisladorexplicó que fue directo al referir que, en ese sentido, no se requiere una ley de derribo de aviones, dado que esta ya había sido rechazada en el Congreso. «Creemos que estas acciones tomadas por el presidente Santiago Peña de reequipar nuestra Fuerza Aérea, de comprar los radares, van a ayudar en forma ostensible para el mejoramiento de los controles en la lucha contra este flagelo», subrayó. No obstante, el debate podría reactivarse, ya que su colega oficialista Gustavo Leite ha manifestado su intención de presentar un nuevo proyecto de ley en tal sentido.
La negativa a contar con una ley de derribo de aviones responde al precepto de «preservar la vida por encima de todo», establecido por la Constitución Nacional y en línea con convenios internacionales como los de Chicago (1944) y Montreal (2016), que facultan a interceptar sin el uso de la fuerza letal.
En caso de derribo, la fuerza del Estado es legítima, pero la prioridad es acompañar el avión, interceptar y detener a sus ocupantes. El gobierno paraguayo ha mantenido esta postura, considerando la compra de los Super Tucanos un «punto de inflexión» en la defensa del país, pese a las voces que aún insisten en la necesidad de una ley de derribo.
