La agente fiscal Yeimy Adle, formuló imputación en contra del actual presidente del SENAVE, Pastor Emilio Soria Melo, de los exfuncionarios, Miguel Ángel Báez Soria y Martín Luis María Lezcano Villalba, de los funcionarios Herminio David Batte Martínez, Juan José Lezcano Del Puerto y Sergio Marcos Rodriguez Escobar. Además de terceros ajenos a la citada institución, identificados como Roberto Cárdenas Ramírez; Víctor Manuel Leiva Cardozo, Ramona Ysabel Arce Ramírez, Plinio Alcibiades Gamarra Morel y Eladio Figueredo.
Los mencionados fueron imputados por los tipos penales de cohecho pasivo, cohecho pasivo agravado, asociación criminal, extorsión y lavado de dinero, con diferentes modalidades de participación, como autoría, instigación y complicidad. Estas personas presuntamente habrían cobrado millonarias sumas de dinero, exigidas a los importadores de productos frutihortícolas, a cambio de emitir las autorizaciones de Acreditación Fitosanitaria de Importación – AFIDI.
Conforme al antecedente de la causa, en fecha 4 de marzo de 2024, Karen Leticia Leguizamón Leguizamón, en su carácter de presidenta de la “Asociación con Capacidad Restringida sin fines de Lucro de Importadores y Comerciantes de Papas y Cebollas – ASICOPACE” del Mercado Central de Abasto de Asunción, formuló una denuncia señalando que funcionarios del SENAVE vendrían exigiendo a comerciantes del Mercado de Abasto de Asunción pagos indebidos, que oscilaban la suma de Gs. 10.000.000 (diez millones de guaraníes) como condición para autorizar la expedición de cada certificado de Acreditación Fitosanitaria de Importación, conocido como “AFIDI”; documento imprescindible para la importación de productos frutihortícolas considerados de “rubros sensibles”, como tomates, papas y cebollas.
De acuerdo a la investigación realizada se tiene que entre los meses diciembre de 2023 y abril de 2024, varios importadores se encontraron con obstáculos internos en el SENAVE para la obtención de las Acreditaciones Fitosanitarias de Importación – AFIDI, siendo víctimas de demoras injustificadas. En coincidencia con las demoras, los importadores habrían recibido llamadas y visitas tanto de funcionarios del SENAVE, como de terceros ajenos a la institución; quienes tenían acceso y conocimiento de todos los datos que los importadores consignan en la Ventana Única de Importador (VUI) al momento de solicitar las AFIDI.
De esta manera, habrían cobrado millonarias sumas de dinero, exigidas a los importadores de productos frutihortícolas, a cambio de emitir las autorizaciones de Acreditación Fitosanitaria de Importación – AFIDI, cuyo costo oficial es de Gs. 17.715; requisito indispensable para el ingreso al país de los productos frutihortícolas; por lo que ante la amenaza de demoras injustificadas por parte de dichos funcionarios del SENAVE, se veían compelidos al pago a fin de evitar la pérdida de cuantiosas sumas de dinero, por la descomposición de los productos que tenían expuestos a las altas temperaturas de la época, en la frontera de Puerto Falcón, pendientes del ingreso legal al país.
