El agente fiscal anticorrupción Silvio Corbeta solicitó al magistrado Humberto Otazú, la revocatoria de las medidas cautelares impuestas a Enrique Javier Lovera Lezcano y Guido Ramón Vargas Gaete, y requirió que ambos guarden prisión preventiva en el marco de la causa abierta por presunto desvío de fondos de la Intendencia de Quyquyhó (departamento de Paraguarí), durante la gestión del actual diputado Esteban Samaniego, también imputado en el proceso.
Los acusados enfrentan cargos por administración en provecho propio, lavado de dinero y asociación criminal, a raíz del presunto desvío de G. 1.108.599.918 entre los años 2017 y 2018. Según la investigación, los fondos habrían sido utilizados por el entonces intendente Samaniego y su esposa, Patricia Adriana Corvalán (actual jefa comunal), para la adquisición de bienes inmuebles y la construcción de una residencia de dos plantas de 306 m², ubicada en el barrio San Vicente de Asunción, en un inmueble perteneciente a Blanca Gloria Álvarez viuda de Samaniego, madre del legislador.
El pedido de prisión fue presentado luego de que la audiencia preliminar fuera postergada nuevamente, debido a la recusación planteada contra el juez Otazú por parte de Lovera y Vargas Gaete. En su requerimiento, el fiscal Corbeta alegó que la solicitud se sustenta en la necesidad de garantizar la realización del acto procesal, atendiendo a que los acusados han incurrido reiteradamente en conductas obstruccionistas dirigidas a dilatar el inicio de la audiencia preliminar, mediante diversos recursos legales y otras maniobras procesales.
Además de los citados, también están acusados en la causa: Manuel Olazar Duarte, Andrés Alfredo Arrúa Brítez, Damián de Jesús Galarza, Christian Daniel Domínguez, Carlos Aurelio Bareiro Bogarín, Ruth Mercedes Medina Yegros, Óscar Samuel Fanego Otazú y la mencionada Patricia Corvalán.
Cabe destacar que el diputado Esteban Samaniego no fue acusado formalmente debido a que goza de fueros parlamentarios. Pese a los reiterados pedidos de desafuero realizados por el Ministerio Público, la Cámara de Diputados no ha dado curso a la solicitud.
