El presidente de la Comisión de Investigación de la Mafia de los Pagarés cuestionó la falta de acción de la Dirección de Jubilaciones para frenar los salarios convencionales. Y denunció además un convenio del BNF con una empresa que se encarga de realizar descuentos y transferir a los acreedores.
Luego de la sesión de la Comisión Especial de Investigación de la Mafia de los Pagarés de la Cámara de Senadores, en la que participaron docentes jubiladas y la agente fiscal Teresa Sosa Laconich como invitadas, el senador Rafael Filizzola ofreció un resumen de los temas abordados. En su intervención, señaló que, además de los embargos, existe un problema con los descuentos aplicados a los ingresos de personas jubiladas.
“En este momento nosotros tenemos problemas en primer lugar por los embargos, porque muchas veces un mismo pagaré se utiliza en varios juicios, se triplica o cuadruplica la deuda, y tenemos problemas también con los llamados descuentos voluntarios, es decir, una persona que autoriza que se le descuente un monto de su salario”, afirmó Filizzola.
El legislador también se refirió a los obstáculos que enfrentan las personas jubiladas para revertir estos descuentos, incluso cuando ya se han definido medidas al respecto. Mencionó que la Dirección de Jubilaciones y Pensiones continúa generando trabas. Criticó que, mientras los descuentos se aplican mediante una simple planilla de Excel, anularlos resulta un proceso más complejo. No descartó que la inacción estatal pueda dar lugar a denuncias judiciales.
“Ya con los ministerios nosotros hemos establecido una línea de trabajo que está teniendo problemas para ser implementada. Por ejemplo, la Dirección de Jubilaciones, que depende del Ministerio de Economía, estamos viendo que está poniendo una serie de obstáculos para implementar la cancelación de los descuentos convencionales. Porque una persona, así como tiene la potestad de autorizar el descuento, también tiene la potestad de desautorizar el descuento”, señaló.
Desde la Comisión se destacó que, en el marco de la investigación, se identificaron descuentos calificados como abusivos. Las personas afectadas habían autorizado voluntariamente ciertos descuentos, pero los pagarés aparecen posteriormente como base de demandas de embargo en juzgados alejados del domicilio de las víctimas.
Filizzola recordó que el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, ya participó en reuniones con la Comisión, y que luego se desarrollaron encuentros técnicos considerados satisfactorios. Sin embargo, señaló que los jubilados aún deben acudir cada mes a Asunción para presentar sus pedidos de cese de descuentos, lo cual representa un esfuerzo considerable. “A pesar de que hubo coincidencias con el ministro y con todo su equipo, estamos viendo que el director de Jubilaciones está poniendo problemas”, remarcó.
El senador también hizo mención a la situación del Banco Nacional de Fomento (BNF), al que calificó como un actor clave en este esquema. Explicó que la institución estatal mantiene un convenio con una empresa gestora de cobranzas, la cual recibe fondos de los descuentos sin contar con mandato expreso de los beneficiarios. Consideró que esta práctica es irregular.
“Ni siquiera es un servicio de cobranzas, en puridad, porque lo que hacen es, literalmente, prestar su cuenta de BNF para recibir los pagos y luego transferirlos a los acreedores. Ellos tienen un contrato con una empresa X, pero el beneficiario jamás autorizó a esa empresa a que gestione un débito de su salario. Además, la cuenta de los funcionarios públicos del BNF es una cuenta de salarios, es decir, no se puede tocar”, remarcó el senador Filizzola.
Finalmente, advirtió que la Comisión no descarta recurrir a la vía penal si continúan los descuentos no autorizados. “Si la Dirección de Jubilaciones y el BNF continúan realizando descuentos no autorizados, estarían no solo obstaculizando, sino disponiendo sin autorización de dinero que no les pertenece y eso es delito. Así que, en su momento, si esto no se resuelve, la comisión va a tener que hacer las correspondientes denuncias penales”, concluyó.
