La Cámara de Diputados aprobó la declaración “Que insta al Poder Ejecutivo – Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), a gestionar los recursos necesarios para la construcción y equipamiento de centros de deshabituación y rehabilitación de adicciones en todo el territorio nacional, en el marco del Plan SUMAR y de la Política Nacional de Salud Mental”.
La iniciativa fue presentada por la diputada Dalia Estigarribia en el espacio de Sobre Tablas, con el objetivo de brindar una respuesta concreta a una problemática creciente que afecta a la sociedad paraguaya: el aumento sostenido de personas con adicciones a sustancias psicoactivas, tanto lícitas como ilícitas.
Según expresó la legisladora, esta situación afecta a personas de todas las edades y estratos sociales, y genera un profundo deterioro en los ámbitos individual, familiar y comunitario.
En ese sentido, la exposición de motivos subraya que “el impacto de las adicciones trasciende el ámbito sanitario, generando consecuencias directas en la inseguridad, la desintegración familiar y la exclusión social”.
El documento también señala que, pese a los esfuerzos realizados por el Ministerio de Salud a través del Plan SUMAR, así como mediante la Dirección Nacional de Salud Mental y la División de Tratamiento Residencial Especializado (DITRES), la capacidad del sistema aún resulta insuficiente para responder a la creciente demanda de servicios especializados.
Asimismo, se advierte que en muchas regiones del país las familias no cuentan con centros de tratamiento accesibles, lo que deriva en recaídas, abandono del tratamiento y, en los casos más extremos, la pérdida de vidas.
Ante este panorama, el proyecto sostiene que el Estado debe asumir una intervención decidida, en cumplimiento de su deber constitucional de garantizar el derecho a la salud integral, conforme a lo establecido en la Constitución Nacional y en la Ley Nº 7018/2022, que reconoce la salud mental como un derecho humano fundamental.
La construcción y el equipamiento de centros especializados con un enfoque integral y multidisciplinario es considerada una inversión social estratégica, orientada a la recuperación de vidas, el fortalecimiento del núcleo familiar y la reducción del impacto social y económico derivado de las adicciones.
En consecuencia, la Cámara Baja manifestó su respaldo a esta causa e instó al Ministerio de Salud a arbitrar los mecanismos necesarios para canalizar los recursos técnicos y financieros que permitan la efectiva implementación de estos centros en todos los departamentos del país.
A su vez, exhortó a las demás instituciones del Estado a acompañar esta política pública con compromiso, responsabilidad y visión de futuro.
