El fiscal agente Francisco Cabrera acusó y solicitó la apertura de juicio oral para el exintendente de Lambaré, Armando Gómez (PLRA), y otros cuatro procesados por el presunto desvío de G. 6.866.903.957. Según la acusación, los mismos habrían conformado una estructura dentro de la Municipalidad para apropiarse de parte del pago de impuestos.
Para el Ministerio Público, el entonces intendente municipal lideraba el esquema, secundado por el director de Administración y Finanzas, Roberto Ever Paredes Ojeda, y conformado conjuntamente con Rodrigo Javier Portillo Chirife, jefe del Departamento de Tesorería, y Edgar Iván Villalba Torreblanca, director interino de la Dirección de Gestión Tecnológica.
Estos idearon un plan para apropiarse de parte de las recaudaciones que ingresaban a la Municipalidad en concepto de impuestos, diseñando un sistema de anulación de facturas, retención de los depósitos en tesorería y remisión tardía a los bancos, a fin de que dichas apropiaciones no fueran detectadas en las rendiciones de cuentas ni en los controles posteriores.
Estas anulaciones, según refiere el fiscal, se realizaban de la siguiente manera: al efectuar el pago correspondiente, al contribuyente se le entregaba el comprobante original por el pago de su impuesto y/o servicios en las cajas habilitadas; posteriormente, fuera del horario laboral, dicho comprobante era anulado en el sistema informático por usuarios con los permisos correspondientes, de modo que el importe no ingresaba a las arcas municipales.
Si bien existen casos justificados en los que los comprobantes pueden ser anulados, la acusación señala que estos deben realizarse en el mismo momento, en presencia del contribuyente, con una causa debidamente justificada y por funcionarios habilitados para tal efecto. “En estos casos, las anulaciones eran irregulares, ya que no cumplían con lo establecido en las reglamentaciones relativas a los procesos de anulación de comprobantes de ingresos”, expresa el escrito.
La acusación presentada es por los supuestos hechos punibles de hurto, alteración de datos relevante para la prueba, estafa mediante sistemas informaticos y asociación criminal. Fuente: Megacadena de Comunicación
