El presidente Donald Trump ha escalado su guerra comercial con una controvertida decisión que impone un arancel del 50% a Brasil, efectiva a partir del 1 de agosto. Esta medida, anunciada en un decreto presidencial, acusa al Gobierno brasileño de «graves violaciones de derechos humanos que han socavado el Estado de derecho en Brasil».
La Casa Blanca ha vinculado directamente esta acción a lo que considera una «persecución políticamente motivada, intimidación, acoso, censura y enjuiciamiento del expresidente de Brasil Jair Bolsonaro y miles de sus seguidores».
La decisión de Trump se produce el mismo día en que Estados Unidos sancionó al juez brasileño Alexandre de Moraes, doce días después de anunciar restricciones de visado contra él y otros funcionarios judiciales relacionados con el juicio a Bolsonaro.
Este contexto sugiere que los aranceles a Brasil están motivados por cuestiones no económicas, sino por el apoyo de Trump a Bolsonaro, quien enfrenta un juicio por cargos de intentar llevar a cabo un golpe de Estado contra el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. La imposición del arancel del 50% representa un aumento del 40% con respecto a la tasa anterior, generando una tensión diplomática y comercial significativa.
Además de los aranceles a Brasil, Trump también impuso «aranceles universales del 50% a las importaciones de productos de cobre semielaborados» y suspendió la «exención de minimis» para todos los países, lo que afectará las importaciones libres de impuestos de paquetes baratos, especialmente de China.
En conjunto, estas medidas marcan una expansión agresiva de la política comercial de la administración Trump, que podría incrementar los precios para los consumidores estadounidenses y redefinir fundamentalmente la forma en que Estados Unidos hace negocios a nivel global, priorizando alianzas políticas sobre consideraciones económicas tradicionales.
