La denuncia fue presentada por el abogado Francisco de Vargas, en representación de la Asociación Espíritu Santo, ante la Senad y el Ministerio Público. Se señalan posibles hechos vinculados al narcotráfico en propiedades que pertenecen a la Asociación y que están arrendadas desde 2003 y ahora están en medio de un litigio con empresas offshore.
El abogado Francisco de Vargas, exfiscal antidrogas y exministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y del Interior, presentó una ratificación de denuncia ante la secretaria y la Fiscalía Adjunta de la Unidad Especializada de Hechos Punibles contra el Narcotráfico y Crimen Organizado. Lo hizo en representación de la Asociación Espíritu Santo, además de remitir documentos y solicitar diligencias procesales.
De Vargas explicó que la denuncia original fue presentada el 5 de abril de 2022 ante la Fiscalía Adjunta de la Unidad Antidrogas cuando se encontraba al frente el fiscal adjunto Marco Alcaraz.
“La denuncia se presentó el 5 de abril de 2022 ante la Fiscalía Adjunta de la Unidad Antidrogas, entonces bajo la dirección de Marco Alcaraz. Hoy, esa dependencia está a cargo de Matilde Moreno. Uno de los principales objetivos de esta nueva presentación fue justamente pedir que se informe si ya se asignó una unidad fiscal para avanzar con la investigación”, indicó el abogado. Añadió que la fiscala Moreno no recepcionó la ratificación y recomendó formular una nueva denuncia.
Sin embargo, la Senad sí recibió la presentación. En el escrito se expone un relato de hechos presuntamente constitutivos de infracciones penales que se estarían cometiendo en propiedades cuya individualización fue realizada en la denuncia original. La Asociación aclaró que no ejerce posesión de estos inmuebles, lo que ha dificultado el acceso a información actualizada sobre lo que allí ocurre.
Las tierras en cuestión abarcan aproximadamente 310.000 hectáreas situadas en zona de Seguridad Fronteriza, conforme a lo establecido en la Ley Nº 2.532/05 Que Establece la Zona de Seguridad Fronteriza de la República del Paraguay. Desde 2003 estos terrenos son arrendados por la firma Victoria S.A., y actualmente se encuentran en litigio con cuatro empresas offshore no constituidas en el país.
En 2018 por medio de un polémico fallo estas tierras fueron adjudicadas a las empresas de maletín de paraísos fiscales por decisión de la jueza de primera instancia Tana Irún. El litigio aún continúa hasta la fecha. Dicha resolución fue posteriormente cuestionada y derivó en su destitución por parte del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ). La magistrada actualmente enfrenta una acusación por prevaricato.
PRESENTACIÓN
La denuncia inicial, según los documentos expuestos por De Vargas, dice que pobladores de la zona informaron sobre la supuesta construcción de pistas de aterrizaje clandestinas en terrenos de la Asociación Espíritu Santo que serían utilizadas para el alijo de mercaderías y sustancias prohibidas.
Además, se recuerda que el 16 de mayo de 2021, agentes de la Fuerza de Tarea Conjunta (integrada por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas) incautaron aproximadamente 449 kilogramos de cocaína en un campamento instalado en uno de esos inmuebles.
Uno de los objetivos de una reciente presentación realizada por la Asociación Espíritu Santo fue solicitar oficialmente información sobre si se ha asignado alguna unidad fiscal para dar continuidad a la investigación.
De Vargas señaló que la organización recurrió a su asesoría por su experiencia en el área ya que fue fiscal de la Unidad Antidrogas N° 1 hasta junio de 2012, cuando asumió como ministro de la Senad, unidad que posteriormente quedó a cargo de Marcelo Pecci. Posterior a su paso por la secretaría, fue designado ministro del Interior.
En su escrito, el abogado solicitó, en virtud del principio de transparencia y del derecho de la víctima, que se informe el número de causa asignada, la unidad penal y el agente fiscal interviniente, así como las diligencias preliminares ya realizadas.
