Tras la disposición de autoridades sanitarias que ordenaron el cierre de más de 220 locales de la cadena de minimercados Biggie, la senadora Esperanza Martínez pudo en duda la intención real de «protección de la salud de la ciudadanía» tras el hallazgo de productos vencidos y re-etiquetados en varios de sus locales.
La legisladora reconoció que la salud, los derechos laborales y de los consumidores deben estar por encima del lucro y que se debe aplicar la ley como corresponde y mediante procedimientos claros y responsables, ya que, según resaltó, «con la salud no se juega.
«Aquí el problema es que resulta difícil creer en las intenciones de un gobierno que reparte negocios a grupos financieros con los cuales está vinculado, mientras se muestra hostil y persigue a quienes lo critican», resaltó Martínez.
«Si la protección a los trabajadores y al consumidor, fueran parte de sus políticas públicas, deberían aumentar el presupuesto para el Ministerio del Trabajo y la SEDECO, CONACOM para tener mas fiscalizadores, apoyar a los sindicatos, realizar controles constantes, no dejar impunes a muchos otros infractores.
«Trabajadores mueren en sus puestos de trabajo y son víctimas de abusos, los precios por las nubes, prácticas abusivas, transporte público lamentable, contaminación impune,
pero eso no mueve a las autoridades responsables. ¿Por qué? ¿Será que la preocupación es selectiva?», sentenció.
