La agente fiscal Teresa Sosa, de la Sede 1 de Asunción, imputó a 67 personas por los hechos punibles de estafa y declaración falsa, tras una denuncia presentada por el Instituto de Previsión Social (IPS). El perjuicio patrimonial ocasionado al ente supera los 1.200 millones de guaraníes.
De acuerdo con la investigación, durante la pandemia del Covid-19 una persona habría creado una firma de fantasía para inscribir falsos trabajadores en el sistema previsional, con el fin de acceder a indemnizaciones destinadas a empresas afectadas por cierres forzosos.
En total participaron 84 personas, de las cuales 67 fueron procesadas. Los demás quedaron exentos de imputación, ya que colaboraron con la investigación y devolvieron las sumas de dinero percibidas de manera irregular.
