El abogado Adriano Enríquez, representante de la Asociación del Espíritu Santo, señaló que existe una “sospecha muy fuerte” de que la falta de tratamiento de una denuncia contra dos camaristas obedece a una estrategia para llegar a la jubilación sin sanciones.
La acusación contra los camaristas Cristóbal Sánchez y Agustín Lovera Cañete fue presentada el 18 de noviembre de 2024 y, hasta ahora, no fue tratada por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). El pasado lunes, Enríquez presentó por tercera vez un pedido de urgimiento para que el órgano estudie el caso.
La acusación contra los camaristas es por mal desempeño, quienes con voto en mayoría de la Cámara de Apelaciones habían anulado la resolución del juez penal de garantías John Paul López, quien había elevado a juicio oral la causa contra la exjueza Tania Irún. La Fiscalía la acusa de la supuesta entrega irregular de 310.000 hectáreas de tierras en zona de seguridad fronteriza a empresas offshore.
Enríquez indicó que Sánchez ya se jubiló y que Lovera estaría próximo a hacerlo. “Pareciera que los miembros del Jurado de Enjuiciamiento dan tiempo, porque es imposible de salvarse, porque la macanada que ellos hicieron ellos mismos retiraron nuevamente”, afirmó.
El abogado también cuestionó que el caso no sea tratado ya en reiteradas sesiones del JEM.
En paralelo, recordó que desde el 13 de abril, cuando la causa contra Irún volvió a ser elevada a juicio oral, se han registrado recusaciones e inhibiciones de distintos camaristas. Entre ellos mencionó a Jesús Riera Manzoni, quien tendría bajo estudio un expediente de apelación desde julio.
Enríquez subrayó que el caso reviste especial importancia, ya que se trata de tierras que, según indicó, debían destinarse a los pobladores de Puerto Casado, pero que permanecen sin regularización a raíz de los litigios judiciales.
