La Comisión de Asuntos Electorales inició el estudio del proyecto de ley “Que prohíbe el uso político – electoral de jornadas comunitarias improvisadas”. La iniciativa fue presentada por el diputado Guillermo Rodríguez.
Este documento apunta a regular una práctica común durante los periodos electorales: la realización de actividades médicas en espacios públicos, con fines proselitistas, según refiere la exposición de motivos.
El proyectista sostiene que se busca “enaltecer el interés legítimo de la salud pública y proteger el ejercicio profesional de la medicina en momentos clave de la vida nacional, evitando la instrumentalización de las necesidades sanitarias de la población con fines políticos”.
En la carta de presentación denuncia que durante las campañas electorales es frecuente que candidatos o agrupaciones políticas organicen “jornadas de atención médica”, ofreciendo consultas y medicamentos gratuitos; particularmente, en comunidades vulnerables.
Refiere que aunque estas actividades puedan parecer actos de solidaridad, esconden riesgos importantes y un trasfondo político que merece ser regulado.
Para el legislador, uno de los principales problemas detectados es la participación de estudiantes de medicina en estas jornadas, “muchas veces, sin autorización legal ni supervisión adecuada”.
Esta práctica, dice el documento, representa un peligro para la salud de los pacientes.
Se advierte la distribución de medicamentos que, en varios casos, son muestras médicas cercanas a su fecha de vencimiento, o sin condiciones óptimas de conservación, lo que podría contravenir normas sanitarias y éticas, de acuerdo a la normativa.
El proyecto busca prohibir el uso político de estas jornadas comunitarias improvisadas, reafirmando que la atención médica debe ser prestada por profesionales debidamente habilitados y en instalaciones de salud reconocidas.
Finalizado el encuentro, el presidente de comisión, Arnaldo Valdez, informó que el análisis tendrá continuidad en próximas reuniones.
Adelantó que se solicitará el parecer institucional de la cartera sanitaria y del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), con el objetivo de contar con una evaluación integral de dicha normativa.
Opinó que la propuesta abre un debate importante y muy interesante sobre la necesidad de delimitar claramente los fines humanitarios y diferenciarlos de los proselitistas. Fuente: Diputados
