Se trata del proyecto de ley que busca declarar estado de emergencia educativa y social por doce meses ante el crecimiento de casos de violencia en relaciones afectivas entre adolescentes y jóvenes en Paraguay.
La iniciativa responde a la preocupación por episodios cada vez más frecuentes e intensos de maltrato en vínculos tempranos, que incluyen celos obsesivos, aislamiento social, vigilancia digital, amenazas y chantajes emocionales que, según la exposición de motivos, pueden derivar en desenlaces fatales.
El proyecto tiene el siguiente acápite: “Que establece emergencia educativa y social ante la violencia en las relaciones adolescentes; y establece mecanismos urgentes de prevención a través de talleres educativos y campañas formativas con enfoque de igualdad y salud mental”.
El documento establece que todas las instituciones educativas públicas y privadas, desde el nivel inicial hasta la educación media, deberán implementar talleres obligatorios de al menos una hora semanal. Estos espacios estarán destinados a identificar señales tempranas de violencia, promover relaciones afectivas sanas, fortalecer la autoestima y desconstruir prácticas machistas.
El incumplimiento de esta disposición constituirá falta administrativa para directivos y docentes, conforme al Estatuto del Educador, según el proyecto.
La normativa propuesta exige que todo el personal educativo cumpla un mínimo de doce horas de formación en prevención de violencia adolescente con enfoque de género y salud mental, requisito indispensable para renovación de contratos o promociones.
Además, el Ministerio de Salud pondrá a disposición profesionales de salud mental para acompañar a las instituciones educativas y brindar seguimiento a casos detectados.
Establece, igualmente, que las escuelas y colegios deberán organizar al menos dos encuentros anuales con padres y tutores para sensibilizar sobre los riesgos y brindar herramientas de acompañamiento emocional.
Según la exposición de motivos, el proyecto prioriza un abordaje educativo por sobre el punitivo. Establece que adolescentes imputados por hechos de violencia en relaciones afectivas serán derivados obligatoriamente a evaluación psicosocial integral.
También contempla que el CONACYT priorice financiamiento para investigaciones sobre patrones de violencia juvenil y efectos de la socialización machista.
La iniciativa busca coordinar acciones entre los ministerios de Educación, Salud, Niñez y la Mujer para garantizar que la educación en igualdad y el autocuidado afectivo se conviertan en parte esencial del desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes paraguayos.
El proyecto se encuentra en su primer trámite constitucional.
