El diputado José Rodríguez presentó un proyecto de ley que busca transformar, estructuralmente, la Compañía Paraguaya de Comunicaciones SA (COPACO), empresa estatal que enfrenta serios desafíos de sostenibilidad financiera y tecnológica.
La iniciativa legislativa, denominada «De Fortalecimiento, Modernización y Reestructuración Estratégica de COPACO SA», establece un régimen especial con vigencia de siete años (prorrogable por cinco más), para revitalizar la compañía telefónica estatal sin perder el control mayoritario del Estado.
Uno de los ejes centrales del proyecto es la garantía de que el Estado paraguayo mantendrá «en todo momento» la titularidad mayoritaria del capital social de COPACO. La norma establece que esta participación solo podrá modificarse mediante ley especial aprobada por mayoría absoluta en ambas Cámaras del Congreso.
Adicionalmente, la propuesta incorpora el concepto de «Golden Share» o acción especial, que otorga al Estado poder de veto en decisiones estratégicas que pongan en riesgo intereses públicos esenciales como la seguridad nacional o la continuidad del servicio.
Según el documento, el proyecto crea una estructura de gobernanza robusta encabezada por un Comité Interinstitucional de Reestructuración, que reunirá a representantes del MITIC (que lo presidirá), los ministerios de Economía e Industria, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), el Consejo Nacional de Empresas Públicas y la Contraloría General de la República, como observador permanente.
Este comité tendrá 180 días para formular un Plan Estratégico de Fortalecimiento y Modernización que incluya inversiones, perfiles de cargos, compras, cronogramas y métricas de evaluación, según la propuesta.
Paralelamente, se establece una Comisión Bicameral transitoria integrada por tres senadores y tres diputados para supervisar el cumplimiento de la ley, con énfasis en la transparencia en el uso de recursos.
Fondo fiduciario y flexibilidad financiera
Otra de las piezas clave de la iniciativa es la creación del Fondo de Equilibrio y Modernización, que se prevé, será administrado por la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), mediante un fideicomiso regido por normas de derecho privado, quedando excluido de las restricciones de la Ley de Administración Financiera del Estado.
El proyecto establece que el fondo se nutrirá de las siguientes fuentes: créditos del BNF, recursos de entes binacionales, aportes del sector privado, venta o arriendo de inmuebles de COPACO, e ingresos propios de nuevos servicios digitales. “Incluso los bienes de COPACO podrían ser afectados como garantía del fondo”, reza parte de la exposición de motivos.
Por otro lado, la norma también autoriza a COPACO a enajenar «inmuebles y otros activos inmobiliarios considerados valiosos o no estratégicos» para generar recursos de capitalización, decisión que quedaría en manos de la dirección de la empresa bajo criterios de transparencia.
El proyecto, igualmente, habilita a COPACO a celebrar contratos con privados sean estos nacionales o extranjeros, para gestionar, operar o innovar servicios e infraestructura, pero con salvaguardas: deben preservar la mayoría estatal, definir claramente la autonomía operativa del privado, fijar plazos y condiciones de reversión, y someterse a supervisión de la CGR, la AGPE y la Comisión Bicameral.
Otro aspecto importante del proyecto es la autorización para que COPACO realice compras bajo «procedimiento de compra directa simplificada», incluyendo proveedores internacionales sin domicilio en Paraguay, con excepciones a la Ley de Contrataciones Públicas.
Según la exposición de motivos, la propuesta enfatiza el «compromiso irrenunciable» de COPACO con la cobertura universal y el acceso equitativo a las telecomunicaciones, priorizando zonas rurales, comunidades indígenas y sectores vulnerables, como parte de la estrategia nacional de reducción de la brecha digital. Fuente. Diputados.
