Firmas de maletín registradas en paraísos fiscales, sin presencia legal en Paraguay, pretenden apropiarse de más de 310.000 hectáreas en el Chaco, una superficie equivalente al doble de la ciudad de San Pablo, uno de los principales polos productivos del Brasil que cuenta con 152.000 hectáreas, afirmó el abogado Francisco de Vargas, representante de la Asociación Espíritu Santo.
“Más de seis meses llevamos esperando que esto se destrabe para que la cuestión pueda ir al siguiente estadio procesal que es el de juicio oral. A hoy día ex jueza Tania Irún ha sido destituida de su condición de jueza por haber fallado en un juicio en el que se disputaban las tierras”, destacó de Vargas.
Irún, fue destituida por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y cuya destitución fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia. Pese a ello, la sentencia continúa de sesión de tierras a empresas de maletín sigue firme y el juicio oral contra la exmagistrada sigue sin realizarse, a raíz de una serie de inhibiciones y maniobras dilatorias que frenan el proceso.
Las tierras en cuestión forman parte de un área protegida por la Ley de Seguridad Fronteriza. Además, según un informe de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) remitido a la Cámara de Diputados las cuatro empresas offshore no cuentan con inscripción en el Registro Único de Contribuyentes (RUC).
Según el denunciante, la operación se concretó en cuestión de minutos en abierta contravención a las normas que restringen la adquisición de tierras por parte de empresas extranjeras en zonas fronterizas.
Parte del territorio afectado estaba destinado a proyectos comunitarios en Puerto Casado, donde existe una ley que reconoce la cesión de tierras a favor de los pobladores locales. Sin embargo, esa disposición no pudo ejecutarse debido a la transferencia irregular a las empresas de maletín
Peligro.
Dos de las empresas beneficiadas están registradas en las Islas Vírgenes Británicas, territorio que fue incluido por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en su lista gris por deficiencias estratégicas en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Una de ellas es Cusabo Limited, firma con un capital declarado de apenas 1.000 euros, pero que figura entre las cuatro empresas que habrían recibido las 310.000 hectáreas de tierras chaqueñas, cuyo valor total rondaría los 500 millones de dólares.
De acuerdo con informes de Transparencia Internacional del Reino Unido, las Islas Vírgenes Británicas constituyen una de las jurisdicciones que requieren mayor control y asistencia por parte de los organismos internacionales debido a su alto nivel de opacidad financiera.
Una investigación de la misma organización reveló que más de 1.100 empresas registradas en las Islas Vírgenes Británicas fueron utilizadas en 213 casos de corrupción y lavado de dinero a nivel global, ocasionando pérdidas por miles de millones de libras esterlinas. Según el informe, más del 90% de los fondos sospechosos invertidos en el Reino Unido a través de territorios de ultramar pasaron por las BVI, lo que equivale a unos 5.500 millones de libras.
Los especialistas consideran que esta cifra representa solo una pequeña parte del verdadero volumen de operaciones irregulares, ya que las compañías radicadas en ese territorio aparecen de forma recurrente en investigaciones periodísticas y judiciales sobre delitos económicos y financieros.
