La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de declaración “Que repudia el crimen del Tte. Cnel. Guillermo Alicio Moral Centurión y exhorta a las autoridades a investigar y esclarecer los hechos”.
En el documento, presentado por la diputada Leidy Galeano repudia, enérgicamente, el asesinato del militar, ocurrido el pasado 2 de octubre frente a la Universidad de Asunción, “en un hecho que ha generado fuerte conmoción en la sociedad paraguaya y preocupación en las instituciones del Estado”, remarca el documento de respaldo.
Según manifestaciones de la legisladora, este crimen se dio en un contexto marcado por una creciente ola de violencia e inseguridad en el país, por lo que hace un llamado urgente a las autoridades para que el hecho no quede impune.
“Exigimos al Ministerio Público y a la Policía Nacional que realicen todas las diligencias investigativas necesarias para identificar a los autores materiales, intelectuales, cómplices e instigadores del crimen, y que sean sometidos, inmediatamente, a la justicia ordinaria”, señala uno de los artículos del texto aprobado.
Asimismo, se condena toda forma de violencia, en especial aquella dirigida a servidores públicos que actúan con integridad y compromiso con la Nación.
El proyecto también insta al Poder Ejecutivo, a través de sus autoridades de seguridad, a reforzar las instituciones y mecanismos de prevención para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse, afectando la paz social y la confianza en las instituciones del Estado.
Magnicidio del fiscal Marcelo Pecci
A instancia de la misma legisladora, el pleno de Diputados aprobó, igualmente, otro proyecto de declaración “Que exige al Ministerio Público – Fiscalía General del Estado (FGE), que el caso del fiscal Marcelo Pecci sea esclarecido”.
El magnicidio del fiscal Pecci, especializado en crimen organizado, se produjo el 10 de mayo del 2022, en la Península de Barú-Colombia, en momentos que tenía a su cargo investigaciones de alto impacto, como la operación “A Ultranza PY”, que involucran redes trasnacionales de narcotráfico.
En la exposición de motivos, la legisladora manifiesta que “el Estado paraguayo tiene la obligación constitucional y legal de garantizar el derecho a la verdad, a la justicia, a una investigación seria y a rendir cuentas ante la ciudadanía”.
“Aún persisten interrogantes fundamentales: quiénes fueron los autores Intelectuales; si existen vínculos políticos o institucionales que hayan protegido a los responsables; cuál es el estado real y público del avance de la investigación; entre otras”, considera la parlamentaria.
Cabe recordar que, tras el crimen, autoridades de Paraguay y Colombia anunciaron un acuerdo de cooperación para esclarecer los hechos, incluyendo la conformación de un equipo conjunto de investigación. Fuente. Diputados
