El pleno de Diputados aprobó un proyecto de resolución “Que insta al Ministerio Público a investigar las denuncias presentadas por la presidenta de la Asociación de Comerciantes de Frutas y Hortalizas (ASICOFRU), Karen Leguizamón, ante las amenazas recibidas tras sus declaraciones contra el contrabando”.
La iniciativa, presentada por el diputado Adrián Vaesken obedece a la denuncia hecha por la dirigente gremial, tras haber recibido amenazas contra su vida y su integridad física, luego de exponer ante el Congreso Nacional “el ingreso masivo e impune de productos frutihortícolas de contrabando”.
Según el documento de respaldo, las intimidaciones habrían comenzado tras sus declaraciones sobre la existencia de redes de contrabando que operan sin control en el país.
De acuerdo con lo manifestado por Leguizamón, recibió mensajes con imágenes de armas y municiones, e incluso se registró un atentado armado frente a la vivienda de un vecino suyo, lo que incrementa la preocupación por su seguridad.
“Pese a que radicó la denuncia formal ante la Comisaría 16, la dirigente asegura no haber recibido hasta el momento ninguna respuesta ni medida de protección efectiva por parte del Ministerio Público ni de la Policía Nacional”, subraya el legislador en el escrito presentado.
Agrega igualmente que “esta inacción genera cuestionamientos sobre el compromiso de las autoridades con la seguridad de quienes se atreven a denunciar prácticas ilegales que afectan gravemente a sectores productivos del país”.
El diputado Vaesken sostiene, en su escrito, que el Estado paraguayo tiene la obligación constitucional de proteger a los ciudadanos que denuncian delitos, especialmente, cuando se trata de líderes gremiales que representan intereses legítimos de la producción nacional.
