En el marco de un trabajo coordinado entre el Ministerio de Justicia y el Poder Judicial, jueces de ejecución penal visitaron el Complejo de Mujeres Privadas de Libertad de Emboscada (Comple), a fin de verificar las condiciones penitenciarias y asegurar transparencia y respeto a los derechos humanos.
Los jueces Juan Bautista Silva Ucedo (Cordillera), Víctor Benítez (San Lorenzo), acompañados por la actuaria Rosalba Cristaldo, recorrieron las instalaciones junto al viceministro de Política Penal, Rubén Maciel.
Inspeccionaron áreas clave como la cocina, espacios de esparcimiento, sala de abogados, área de sanidad, sala de audiencias telemáticas y las celdas, verificando la separación entre internas procesadas y condenadas, conforme a la legislación nacional.
El viceministro Maciel detalló los nuevos protocolos implementados orientados a garantizar condiciones dignas, seguras y enfocadas en la reinserción social dentro del COMPLE.
Tras el recorrido y la revisión documental realizado el 17 de octubre, el Juzgado Penal de Ejecución de Cordillera emitió una resolución de tutela jurisdiccional general a favor de las 651 internas del Comple.
Según el vocero magistrado Víctor Benítez, juez de San Lorenzo, se constató que los pabellones se encuentran bien delimitados en sentido estructural, con una correcta división entre internas previas y condenadas, respetando la normativa vigente. También se observaron profesionales del derecho realizando visitas para asesorar a sus defendidas en la sala de abogados del penal.
Marco legal y valores garantizados
La visita y resolución se basan en la Constitución Nacional, el Código de Ejecución Penal y los tratados internacionales ratificados por Paraguay, incluyendo las «Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los Reclusos «conocidas como «Reglas de Mandela», que enfatizan el respeto a la dignidad humana y los derechos fundamentales.
El Poder Judicial reafirma su compromiso con la transparencia y el respeto a los derechos humanos para asegurar un sistema penitenciario que no agrave las condiciones inherentes a la privación de libertad y facilite la reinserción social. Fuente: Ip
