Los agentes fiscales Juan Ramón Sandoval y Alejandro Cardozo, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado, presentaron imputación contra cuatro personas —entre ellas una mujer—, presuntamente implicadas en la venta ilegal de armas de fuego a organizaciones criminales del Brasil, conforme a los elementos colectados durante la investigación.
La imputación fue presentada con base en elementos de sospecha suficientes sobre la presunta comisión del hecho punible de tráfico ilícito, previsto en la Ley n.º 4036/2010 “De Armas de Fuego, sus piezas y componentes, municiones, explosivos, accesorios y afines”, en carácter de coautores, además del hecho punible de asociación criminal.
En el marco de la investigación, el Ministerio Público solicitó al Juzgado Penal de Garantías la prisión preventiva de los imputados y el bloqueo de sus cuentas bancarias.
La Operación Andina II fue acompañada por personal de la Dirección General de Investigación Criminal y Crimen Organizado Nacional y Transnacional de la Policía Nacional, que realizó allanamientos simultáneos en las ciudades de San Antonio y Capiatá.
De acuerdo con las pesquisas, uno de los detenidos habría comercializado armas de fuego, y se indaga sobre otras que habrían sido transferidas mediante empresas de fachada. Durante los procedimientos fueron incautados equipos de minería de criptomonedas, teléfonos celulares, computadoras, documentos relacionados con transferencias de dinero y una caja fuerte.
Como resultado del operativo, se abrieron tres causas penales distintas, todas vinculadas a los mismos hechos, aunque con diferentes alcances según el grado de participación de cada miembro de la organización criminal.
Finalmente, la Fiscalía solicitó el embargo y/o bloqueo de todos los bienes y valores pertenecientes a los imputados, incluyendo dinero depositado en bancos, entidades financieras y cooperativas. También dispuso la liberación de oficios a la Dirección General de los Registros Públicos, al Registro del Automotor, a la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay y al Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP), con el fin de circularizar la medida en todas las entidades financieras y cooperativas del país.
