El diputado José Rodríguez recibió a representantes de la Coordinadora de Víctimas de la Mafia de los Pagarés, quienes solicitaron su acompañamiento para la presentación de un anteproyecto de juicio político contra miembros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), según se informó.
Alegan inacción ante numerosas y escandalosas denuncias de irregularidades en el ámbito judicial.
Pedro Coronel, vocero, manifestó que la iniciativa surge como respuesta a la profunda necesidad de justicia para cientos de familias afectadas.
“Es una cuestión humana. Se está sufriendo y entendemos que en este país debe existir el derecho. La Corte, a nuestro entender, lo ha violentado. Agotamos todas las instancias posibles, con diálogos y propuestas, pero no hubo respuestas”, expresó.
Recurren a la Cámara de Diputados en busca de respaldo institucional para “sanear el proceso democrático” y garantizar los derechos ciudadanos, ante la inacción de las autoridades judiciales, según dijo.
“Buscamos una solución inmediata. La Corte no cumplió. Si esto no se defiende, se induce al mesianismo y a la dictadura”, lamentó Coronel.
Durante la reunión se expuso el caso de la docente Liz Prieto, una de las víctimas más representativas de este esquema.
La educadora relató, entre lágrimas, que en 2016 adquirió un microondas por un millón de guaraníes, pero a raíz de maniobras financieras irregulares, su salario fue embargado por más de 200 millones de guaraníes hasta la fecha.
En consecuencia, la situación fue calificada como una violación a los derechos laborales y humanos, reflejando el impacto devastador de este tipo de prácticas sobre trabajadores honestos del sector público, manifestaron los visitantes.
El legislador Rodríguez escuchó atentamente los reclamos y señaló que “cada caso debe ser analizado con objetividad y dentro del marco del derecho”.
Indicó que el proceso de juicio político tiene sus etapas y que la Fiscalía ya ha imputado a personas involucradas, por lo que será necesario observar el avance de las investigaciones.
Anunció que impulsará una audiencia pública para escuchar a las partes involucradas, así como a los representantes de las instituciones competentes.
“Serán convocados, en fecha a confirmar, representantes del BNF, el Ministerio de Educación; la Defensoría Pública, entre otros organismos”, señaló.
El parlamentario mencionó que también impulsarán una mesa de trabajo con el presidente del BNF, considerando que esta institución ejecuta los oficios judiciales recibidos.
“Es fundamental analizar los procedimientos aplicados en cada caso”, finalizó.Fuente: Diputados
