En el marco del estudio del Presupuesto 2026 en la cámara baja, el diputado Rodrigo Blanco planteó la necesidad de una reprogramación presupuestaria para el Poder Judicial, señalando que una gran parte de sus funcionarios perciben salarios por debajo del salario mínimo legal vigente.
Según el parlamentario, existen funcionarios que no fueron recategorizados desde hace más de 14 años, lo que genera una marcada inequidad salarial dentro del sistema judicial. Detalló que actualmente 2.840 funcionarios con cargos jurisdiccionales perciben sueldos inferiores al mínimo.
Dijo que, entre ellos, se encuentran 868 dactilógrafos, y 826 oficiales de secretaría, que deberían percibir un salario de G. 4.200.000; y 1.146 ujieres notificadores de tribunales, con una propuesta de reajuste a G. 4.500.000.
Asimismo, mencionó que más de 4.000 funcionarios están en condiciones similares, ganando por debajo del salario mínimo vigente.
Explicó, además, que la Corte Suprema de Justicia solicitó una asignación de, aproximadamente, G. 400 mil millones de guaraníes para obras de infraestructura, y que una ínfima parte, de poco más de G. 30 mil millones, podría ser reprogramada con el objetivo de corregir, lo que considera, una injusticia salarial.
La propuesta prevé que el impacto financiero se aplique en el último trimestre del año 2026, con un costo estimado de G. 32 mil millones.
La moción fue secundada por el diputado Daniel Centurión quien coincidió en que la iniciativa no implica una ampliación del presupuesto, sino una redistribución justa de los recursos existentes.
En la misma línea, el diputado Alejandro Aguilera calificó la situación como “un salario de hambre para personas que dedicaron años de estudio y servicio”, exhortando a los ministros de la Corte Suprema de Justicia a garantizar una remuneración acorde con la labor y la responsabilidad de los trabajadores.
A su turno, el diputado Hugo Meza resaltó que la propuesta permitirá una justicia salarial para los trabajadores más humildes del Poder Judicial, que desde hace años perciben ingresos por debajo del mínimo legal.
Finalmente, varios congresistas coincidieron en que esta medida representa una reivindicación largamente postergada, ya que hace más de 14 años que los funcionarios del Poder Judicial no reciben reajustes salariales.
También enfatizaron la importancia de planificar con responsabilidad el esfuerzo financiero, de modo que el reajuste se concrete de manera gradual y sostenible a partir del ejercicio 2026.
El pedido de reprogramación presupuestaria presentado por el diputado Rodrigo Blanco contó con el apoyo unánime de los parlamentarios, los que destacaron la urgencia de dignificar la labor de los servidores judiciales y fortalecer la justicia como pilar esencial del estado de derecho.
