La causa por prevaricato contra la exjueza Tania Irún continúa sin avances desde que, a mediados de abril, el expediente fuera elevado por segunda vez a juicio oral y público. Ante la falta de movimiento procesal, la querella representada por el abogado Francisco De Vargas presentó un urgimiento ante la Corte Suprema de Justicia.
Sostiene que esta sucesión de incidentes afecta el análisis de fondo sobre la actuación de la exjueza, investigada por presuntamente haber dispuesto la cesión de 310.000 hectáreas de tierras protegidas por la Ley de Seguridad Fronteriza en favor de cuatro empresas offshore.
Según explicó De Vargas, representante de la Asociación Espíritu Santo, el estancamiento responde a una extensa cadena de incidentes planteados en el proceso.
“La serie de lo que llamamos nosotros chicanas que están impidiendo el avance de esto. De apelaciones, incidentes, excepciones, recusaciones e inhibición que suman más de una veintena de obstáculos. y bueno, es así que tomamos intervención. Ahora, urgiendo se resuelva una impugnación que está en la en la sala penal de la Corte Suprema de Justicia”, señaló.
El abogado también destacó la cantidad de inhibiciones planteadas por magistrados.
“Aquí es llamativo primero esta cantidad de trabas para que proceda el juicio en el cual somos querellantes y a mí particularmente me llama la atención la cantidad de inhibición que ha habido”, afirmó.
Entre las inhibiciones mencionadas se encuentran las de Cristóbal Sánchez, Agustín Lovera Cañete y José Waldir, por haber intervenido en la anterior elevación anulada; Arnulfo Arias y Delio Navarro, por supuesta amistad con personas vinculadas a la causa; Viviana Benítez, Jesús Riera y Arnaldo Fleitas, por intervenciones previas en procesos relacionados; y Agustín Fernández, quien impugnó la inhibición de Fleitas. En total, nueve magistrados quedaron apartados.
La querella sostiene que esta sucesión de incidentes afecta el análisis de fondo sobre la actuación de la exjueza, investigada por presuntamente haber dispuesto la cesión de 310.000 hectáreas de tierras bajo protección de la Ley de Seguridad Fronteriza.
Irún fue destituida de su cargo de jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Asunción por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, decisión ratificada por la Corte Suprema de Justicia en noviembre de 2021. La fiscal Natalia Fuster la imputó en enero de 2022 por prevaricato y la fiscal adjunta Soledad Machuca presentó la acusación en julio de 2024. En abril de 2025, el juez Osmar Legal resolvió elevar la causa a juicio oral y público por segunda vez.
De Vargas indicó que han transcurrido seis meses sin resolución y que los plazos procesales se encuentran vencidos, situación que atribuye a las reiteradas trabas procesales.
Por último no descartó recurrir a instancias internacionales si persiste lo que calificó como un mecanismo de protección interna hacia la exmagistrada.
