La exjueza civil y comercial de Asunción, Tania Irún, afronta una acusación por prevaricato y ya tiene resolución de elevación a juicio oral y público. La magistrada ordenó la titulación de 310.000 hectáreas ubicadas en zona de Seguridad Fronteriza, a favor de cuatro empresas de maletín asentadas en paraísos fiscales. Para la Asociación Espíritu Santo, representada por el abogado Francisco De Vargas, el caso amerita la pena más severa prevista para este delito, según declaró el abogado.
“Y yo considero que el tipo penal de prevaricato habla de que en casos graves la pena podrá ser de hasta 10 años y acá estamos hablando de un caso grave, porque esta jueza ordenó la titulación de 310.000 hectáreas, que son muchísimo, que están en la zona de seguridad fronteriza protegido por Ley”, afirmó el abogado.
¿Qué implica el prevaricato? De Vargas explicó que conocer el tipo penal es clave para dimensionar la acusación que pesa sobre Irún.
“El prevaricato es una figura penal que está prevista para los magistrados, para jueces en el caso de que estos resuelvan cuestiones en contra del derecho y dolosamente. Hablando mal y pronto, cuando los jueces conocen que tienen que hacer algo porque les obliga la ley, sin embargo no lo hacen por intereses este ajeno a la causa”, detalló.
Consultado sobre el riesgo de impunidad, fue directo: “Pero por supuesto, estamos hablando de una causa gravísima”.
De Vargas aclaró que el fallo vulneró disposiciones centrales de la ley que prohíbe titular tierras a ciudadanos de países limítrofes o a sociedades con acciones no nominativas.
También recordó que dentro de esas 310.000 hectáreas se encontraba la donación por Ley de 25.000 hectáreas al Estado paraguayo, en la zona de Puerto Casado. “Ella obvió todo eso… es un caso en que está afectada la soberanía del territorio nacional”, remarcó.
El abogado aludió además a los votos de los ministros Luis María Benítez Riera y Manuel Ramírez Candia en el proceso de destitución de Irún ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, con argumentos contundentes sobre el alcance de la ley.
Rescató especialmente el voto de Benítez Riera. Explicó que la Ley de Seguridad Fronteriza “busca proteger todo lo que está a 50 km de la frontera, donde dispone claramente que esas tierras no pueden titularse a favor de empresas extranjeras. Y habla de que no pueden titularse a favor de empresas extranjeras cuyos socios sean eh por uno de países limítrofes o que las empresas deben tener acciones nominativas y no endosables”.
Pese a ello, agregó, Irún “ordenó la titulación de 310.000 hectáreas a favor de cuatro sociedades anónimas cuyos socios no conocemos porque son acciones no nominables de eh encima otra vez paraíso fiscales como Chipre, Islas Vírgenes. Desconociendo claramente el derecho, ordenó esa titulación de 310.000 hectáreas que están en la franja de seguridad fronteriza y que valen más de 500 millones de dólares”.
Estado del proceso Irún fue destituida en 2021; imputada por la fiscal Natalia Fuster en enero de 2022; acusada por la fiscal adjunta Soledad Machuca en julio de 2024; y en abril de 2025 el juez Osmar Legal decidió elevar la causa a juicio oral y público por segunda vez.
Hoy la exmagistrada enfrenta formalmente una acusación por prevaricato y se expone a la pena máxima prevista para ese delito, sentenció
