El fiscal Néstor Coronel presentó imputación contra la jueza de Lambaré, Isabel Bracho, por presuntamente recibir USD 50.000 para beneficiar al supuesto jefe narco Walter José Galindo, procesado por tráfico de drogas. La causa también alcanza a la exfiscal Egidia Gómez y a la actuaria judicial Ruth Karina Ferreira, señaladas por participar del esquema.
De acuerdo con la investigación, las tres funcionarias fueron imputadas por cohecho pasivo agravado, frustración de la persecución y ejecución penal, además de realización de hecho punible por funcionarios públicos.
Escuchas revelaron presuntos arreglos
Los hechos habrían comenzado en mayo de 2021, tras la imputación de Galindo. Según el Ministerio Público, el caso salió a la luz gracias a escuchas telefónicas en las que se mencionaban supuestos acuerdos entre la exfiscal Gómez, la jueza Bracho y los abogados Crispín Gilberto Rojas y Rosana Palazuelos, quienes conversaban con el propio Galindo sobre favores y beneficios dentro del proceso.
Cambio de droga por bicarbonato y otras irregularidades
La exfiscal Gómez es acusada de haber sustituido tres paquetes de cocaína tipo “ladrillo” incautados en el expediente por un paquete de bicarbonato de sodio, además de permitir la entrega irregular de una camioneta retenida como evidencia. Pese a estas maniobras, la agente jubilada no habría recibido la compensación prometida, lo que generó una ruptura con Galindo y sus defensores.
Beneficios procesales a favor de Galindo
El Ministerio Público también señala que la jueza Bracho, con la colaboración de la actuaria Ferreira, habría favorecido reiteradamente al presunto narco. Uno de los episodios mencionados ocurrió el 11 de noviembre de 2021, cuando Galindo se presentó teniendo una orden de captura por violar prisión domiciliaria, pero aun así habría sido autorizado a retirarse sin mayores medidas, pese a que la orden había sido emitida por la propia magistrada días antes.
Posteriormente, Bracho y Ferreira habrían gestionado el cese de rebeldía y concedido medidas alternativas a la prisión. El acta correspondiente habría sido elaborada por Ferreira en presencia de Galindo y de la abogada Palazuelos.
Sobreseimiento a cambio de dinero
Finalmente, el 17 de diciembre de 2021, Bracho decretó el sobreseimiento definitivo de Galindo en la audiencia preliminar, aplicando un criterio de oportunidad supuestamente vinculado al pago de los USD 50.000 y a la promesa de recibir más dinero.
Gómez intentó revertir la situación
En cuanto a Gómez, tras los conflictos con Galindo y sus abogados, habría intentado corregir el rumbo de la investigación remitiendo todo lo que tenía en su despacho el 3 de septiembre de 2021, según detalla la imputación