La Asociación del Espíritu Santo presentó una denuncia penal por un presunto esquema de evasión tributaria y lavado de activos que habría derivado en la transferencia irregular de unas 310.000 hectáreas en el Chaco. La acción fue firmada por el abogado Francisco de Vargas, representante legal de la organización, quien solicita la apertura de una investigación contra Hyun Jin Moon, conocido como Preston Moon, Kiantar Betancourt, otras nueve personas.
El escrito sostiene que en 2008 Preston Moon visitó Paraguay y, según la denuncia, impulsó una supuesta simulación de una asamblea general extraordinaria mediante actas presuntamente falsas. En esa instancia se habría aprobado la dación en pago de una supuesta deuda de 15 millones de dólares que nunca fue documentada ni reconocida contablemente por la Asociación. Con esta maniobra, se habría dispuesto la transferencia de grandes extensiones de tierra a cuatro empresas uruguayas —Maderadura S.A., Altos Primas S.A., Aires del Molino S.A. y Fuente Brillante S.A.— presentadas como acreedoras, sin respaldo contractual ni financiero que demuestre que hayan financiado proyectos de la organización.
La denuncia afirma que entre 2009 y 2013 esas firmas uruguayas cedieron los derechos sobre los inmuebles a sociedades offshore registradas en República de Chipre y las Islas Vírgenes Británicas. Se trata de Cusabo Limited, Kyveloria Limited, Elite Kingdom Investments Limited y Firstar Investments Limited. Documentos de cooperación internacional citados en la presentación indican que supuestamente estas compañías carecen de actividad lícita, no poseen cuentas bancarias y están vinculadas a investigaciones por blanqueo de capitales.
Según la denuncia, supuestamente Kiantar Betancourt operó como su apoderado, actuando en sede judicial y extrajudicial para exigir la formalización de la traslación de dominio. En 2014, Betancourt se presentó también como representante de las sociedades offshore para continuar con las acciones de despojo.
El escrito resalta que los contratos fueron firmados en el extranjero y nunca registrados ni declarados en Paraguay, lo que habría permitido la omisión total del pago de impuestos asociados a la transferencia de bienes inmuebles ubicados en territorio nacional.
De Vargas sostiene que la ejecución de contratos fuera del país, cuando involucran propiedades situadas en Paraguay, constituye una presunta maniobra de evasión impositiva en violación al principio de territorialidad fiscal previsto en la Ley 125. Afirma que esta estructura habría tenido como finalidad el ocultamiento de operaciones, la elusión de impuestos y la imposibilitación de la trazabilidad patrimonial mediante triangulación societaria y el uso de empresas offshore como vehículos de ocultamiento.
La presentación también describe un presunto esquema de lavado de activos basado en la simulación de deuda, la transferencia de bienes de altísimo valor sin justificación económica real y la utilización de compañías extranjeras como pantallas jurídicas.
Según la denuncia, estas operaciones encajarían en las tipologías previstas en el artículo 196 del Código Penal y en la Ley 1015, relacionadas con la conversión, transferencia y ocultamiento de bienes provenientes de hechos punibles.
La documentación acompañada incluye poderes, informes de la DNIT, traducciones oficiales de informes remitidos por Chipre e Islas Vírgenes Británicas, contratos de cesión entre las empresas uruguayas y las firmas offshore, copias de intervenciones ante instituciones públicas y antecedentes sobre investigaciones previas. De acuerdo con la presentación, estos documentos buscan acreditar la cadena de transferencias, la falta de registro en Paraguay y la presunta simulación utilizada para evitar controles fiscales y registrales.
En el petitorio, la Asociación solicita al Ministerio Público que se abra una investigación penal por los supuestos hechos de evasión tributaria y lavado de activos, que se requieran informes a diversas instituciones nacionales e internacionales y que se adopten medidas cautelares sobre los inmuebles involucrados para impedir su disposición mientras avanzan las diligencias. Según el escrito, el valor del patrimonio comprometido supera los 300 millones de dólares, lo que podría convertir el caso en una de las maniobras de presunta evasión y lavado de mayor magnitud registradas en el país.
