La Cámara de Diputados concedió media sanción a un proyecto de ley que plantea modificar el artículo 22 de la Ley N° 620/1976, que regula el régimen tributario de las municipalidades de primera, segunda y tercera categoría, con el propósito de corregir una omisión que provocó una importante merma en la recaudación de los municipios de todo el país.
En esencia, trata de la fijación del costo mínimo y máximo del impuesto a la habilitación vehicular, conocido como patente de rodados cuyo valor quedó en algunos casos por debajo de montos capaces de cubrir siquiera los gastos administrativos.
El sistema actualmente vigente fue concebido con el objetivo de unificar criterios entre los distintos municipios, aplicando parámetros basados en el tipo y año del vehículo.
La intención original era introducir igualdad tributaria y evitar fuertes disparidades en los costos de la habilitación. Sin embargo, el modelo no contempló una situación particular: la existencia de valores fiscales extremadamente bajos que, al trasladarse al cálculo del impuesto, generan tasas irrisorias, según las fundamentaciones.
El proyecto sostiene que la presente situación redujo, considerablemente, los ingresos destinados a infraestructura vial, servicios básicos, control ambiental y prevención de siniestros viales. “La caída en la recaudación se tradujo en menores posibilidades de inversión y en una mayor dependencia de fuentes externas de financiamiento”, indica el documento.
El diputado Néstor Castellano recordó ante el pleno, que el anteproyecto inicial de la normativa contemplaba un correctivo, pero este fue eliminado de manera involuntaria durante el proceso legislativo.
El párrafo suprimido establecía que: “En ningún caso, el impuesto a la patente de rodados será inferior a un (1) jornal diario y no podrá superar un (1) salario mínimo legal vigente para actividades diversas no especificadas”
En ese sentido explicó, que restituir este rango permitiría corregir la distorsión actual y garantizar un mínimo vital que preserve la capacidad financiera de las municipalidades.
Según la propuesta presentada, rectificar esta omisión no solo constituye un ajuste técnico, sino una herramienta crucial para fortalecer la equidad y la previsibilidad del sistema tributario municipal. Establecer un “piso” y un “techo” permitirá, dice el documento, proyectar ingresos con mayor certeza y evitar que variaciones abruptas en la valuación fiscal de los rodados alteren de manera severa la recaudación anual.
Asimismo, el proyecto subraya que la medida brindará mayor seguridad jurídica a los contribuyentes, los que conocerán de antemano el rango dentro del cual se fijará el impuesto, reduciendo así la discrecionalidad administrativa y posibles arbitrariedades en la determinación de los montos.
La nueva redacción propone que “Las municipalidades aplicarán de forma obligatoria el siguiente cálculo de costos de patente de rodados en concepto de habilitación vehicular…”
De esta manera, la inclusión explícita de un límite mínimo y máximo pretende convertirse en un mecanismo de estabilidad financiera y de igualdad entre municipios, evitando que los tributos caigan por debajo de montos razonables o superen valores desproporcionados.
Tras su aprobación, se dispuso que el proyecto sea remitido a la Cámara de Senadores para su siguiente trámite constitucional.
