El Tribunal de Sentencia integrado por los magistrados Gloria Hermosa, Darío Báez y Cristian González condenó a 4 años y 8 meses de prisión a Pablo Eduardo Suárez y a 2 años de pena con suspensión de la ejecución a María José Arce Oddone. Ambos empresarios fueron juzgados por una supuesta estafa vinculada a la venta de departamentos a exjugadores de fútbol, decisión que fue cuestionada por la defensa, que sostiene, que el fallo ignoró pruebas incorporadas durante el juicio oral.
Durante el proceso, el Ministerio Público solicitó una pena de 7 años y 6 meses de cárcel para ambos acusados. La primera querella también pidió 7 años y medio de prisión, mientras que la segunda requirió 8 años para ambos, además de la prisión inmediata. Sin embargo, el Tribunal rechazó ese pedido y otorgó medidas sustitutivas, fijando condenas inferiores a las solicitadas por las partes acusadoras.
“La sentencia se nos va a ser entregada el 30 de diciembre. El viernes se hizo una breve exposición verbal. Nosotros ya tomamos la decisión de apelar cuando empiece a correr el plazo, que será a partir del 30 de diciembre. No compartimos los argumentos del Tribunal. Se está penalizando una cuestión de cumplimiento de contrato y con ello se desnaturaliza el concepto de ‘última ratio’ del derecho penal”, indicó el abogado Francisco de Vargas.
La acusación fiscal sostiene que la empresa SUAR S.A., representada por los acusados, debía construir y entregar en septiembre de 2016 dos departamentos del edificio Cibera Park a dos exfutbolistas. No obstante, la defensa afirma que no existió engaño, ya que el proyecto se ejecutó de manera efectiva, conforme a las pruebas documentales y testimoniales incorporadas al juicio.
De Vargas explicó que la imposibilidad de concluir el edificio se debió a conflictos societarios internos que derivaron en denuncias penales y procesos civiles, incluso impulsados por los propios acusados. Señaló además que uno de los socios se encuentra prófugo, en rebeldía y con orden de captura, mientras que otro accedió a una suspensión condicional del procedimiento tras admitir hechos de falsificación de documentos societarios.
“El Tribunal consideró que el edificio no está, que es un esqueleto, dijeron que no creen que esté construido al 70%. Sin embargo, la pericia señala que es así y dice que vale 4 millones de dólares. Y así hay una serie de pruebas que no se tuvieron en cuenta, según nuestro criterio, por lo que obviamente vamos a apelar”, remarcó el abogado.
Asimismo, sostuvo que los magistrados no valoraron que, si bien hubo una transferencia del inmueble a otra sociedad, tanto Arce como Suárez son accionistas en un 50%, ya que SUAR S.A. forma parte de Cibera Park S.A., empresa que comercializó los departamentos.
Finalmente, De Vargas reiteró que las maniobras atribuidas a exsocios de la empresa impidieron el cumplimiento del contrato. “Todo eso impidió que Pablo Suárez y María José Arce cumplan con su promesa de entregar las unidades, cosa que reconocen y que hasta hoy les obliga”, concluyó
