Durante una reunión de trabajo, el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, y la ministra de Salud Pública y Bienestar Social, María Teresa Barán, junto a sus equipos técnicos, analizaron líneas de acción orientadas a mejorar el acceso a servicios de salud para las personas privadas de libertad (PPL), especialmente en aquellos casos que requieren una atención más compleja que la cobertura habitual.
Este trabajo interinstitucional apunta a fortalecer la respuesta ante urgencias, mejorar el abordaje de patologías prevalentes —incluidos los trastornos de salud mental— y reducir derivaciones innecesarias, garantizando al mismo tiempo las condiciones de seguridad correspondientes de las PPL, en el marco del respeto a los derechos humanos.
Las autoridades coincidieron en que la salud integral de las personas privadas de libertad es un componente clave para avanzar hacia un sistema penitenciario más digno, seguro y orientado a la rehabilitación, con impacto positivo no solo dentro de los establecimientos, sino también en la salud pública en general.
Asimismo, se destacó la importancia de trabajar de manera coordinada entre instituciones, establecer protocolos claros de atención y continuar el análisis técnico necesario para definir las mejores alternativas de organización y financiamiento de los servicios sanitarios en el ámbito penitenciario.
El encuentro contó con la participación del viceministro de Política Criminal, Rubén Maciel y el viceministro de Atención Integral a la Salud, Saúl Recalde, así como equipos técnicos de ambas carteras, quienes continuarán trabajando de forma conjunta para ajustar la propuesta y avanzar en un modelo de atención sanitaria que responda a las necesidades reales del sistema penitenciario. Fuente: Ip
