La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley “Que modifica la Ley Nº 6112/2018 – Del Fondo de Jubilaciones y Pensiones para miembros del Poder Legislativo de la Nación”.
Entre los puntos clave aprobados, se establece textualmente una prohibición de que sea el Estado quien fondee la Caja Parlamentaria.
“Al testar esa parte, estos 4.500 millones de guaraníes que están destinados este año, serán re direccionados a instituciones sociales como la Diben”, expresó el diputado Hugo Meza.
El documento eleva la edad mínima de jubilación, quedando en 55 años de forma extraordinaria, y 60 años de manera ordinaria.
En cuanto a la intención de eliminar la Caja de Jubilaciones del Poder Legislativo, el diputado Meza opinó que se trata de una irresponsabilidad.
Así mismo, explicó que la caja estará sostenida por el aporte de los activos; el aporte de los jubilados; los préstamos que pueda otorgar; y los certificados de depósito de ahorro que tienen hoy las cámaras legislativas.
Referente a los plazos, las jubilaciones serán después de haberse cumplido 15 años, como mínimo.
Al respecto de la obligatoriedad, algo que fue debatido de manera extensa fue la posibilidad de que, al término del periodo cumplido, el parlamentario que no desee acogerse a la jubilación tenga la opción de retirar los aportes en su totalidad.
Sobre los herederos de los parlamentarios fallecidos, el documento establece que queda como beneficiario solamente el cónyuge, ya no así los hijos.
Acerca del monto hubo una variación, ya que del 40 %, pasarían a recibir el 25 %.
También hubo debate en torno a los suplentes, pues en el artículo 32 se menciona que “deberán abonar íntegramente los aportes personales y legales”, en caso de que deseen la jubilación.
“El aporte se dará hasta tanto sea electo nuevamente. Se trata de un beneficio en expectativa, finalmente”, aseveró el legislador Meza.
El proyecto aprobado determina que el fondo de jubilaciones y pensiones será de carácter exclusivo para legisladores en ejercicio y para aquellos parlamentarios ya jubilados que continúan realizando aportes al sistema.
En consecuencia, los funcionarios administrativos del Congreso Nacional quedan excluidos de la posibilidad de afiliarse a este régimen, manteniéndose el acceso de los mismos a los sistemas previsionales vigentes, conforme la normativa actual.
Controversias
El debate reflejó posturas encontradas, ya que diputados del sector de oposición y del sector disidente de la ANR, sentaron varias críticas.
Principalmente, se apuntó a la sostenibilidad del fondo; la equidad del sistema previsional; y la necesidad de transparentar el funcionamiento.
No obstante, la mayoría coincidió en la importancia de establecer reglas claras que delimiten el alcance y aseguren su viabilidad a largo plazo, por lo que se optó por dar aprobación al proyecto de ley considerado como un primer paso rumbo a la reforma de la Caja Parlamentaria, como es conocido popularmente este fondo de jubilaciones y pensiones.
Oficializada la media sanción de la Cámara de Diputados, el documento se remite a la Cámara de Senadores para el siguiente trámite constitucional.
