La Coordinadora de Víctimas de la Mafia de los Pagarés solicitó la intervención de la Contraloría General de la República y del Ministerio Público ante una presunta sobrefacturación en la compra de vehículos de la Corte Suprema de Justicia. Denunciaron un “escandaloso despilfarro” en la renovación de la flota institucional.
Según el comunicado, la Corte destinó G. 5.161 millones para la adquisición de nueve camionetas de alta gama. La organización sostiene que existiría una diferencia de unos USD 20.000 por unidad entre el costo adjudicado y el valor de mercado, lo que representaría un posible daño patrimonial cercano a USD 180.000.
La Coordinadora afirmó que los hechos podrían configurar delitos como lesión de confianza, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito, por lo que instó al Parlamento a analizar un eventual juicio político a los responsables. Asimismo, cuestionó que mientras se destinan recursos a vehículos de lujo, persisten carencias de infraestructura y demoras en el sistema judicial.
