En reunión técnica de la Comisión de Investigación instituciones públicas, gremios y representantes de víctimas analizaron los criterios aplicados a los descuentos judiciales y convencionales que afectan a funcionarios. El consenso apunta a que el límite legal se determine sobre el ingreso neto del trabajador.
La Comisión Especial de Investigación de carácter temporal sobre la “Mafia de los pagarés”, presidida por el senador Rafael Filizzola, informó que ayer jueves se llevó a cabo una reunión de trabajo convocada para abordar la problemática de los descuentos judiciales y convencionales que afectan a servidores públicos, particularmente a docentes y personal de enfermería.
El encuentro reunió a autoridades del Ministerio de Educación y Ciencias, del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y del Ministerio de Economía y Finanzas. También participaron representantes de la Asociación de Jueces de Paz, de la Asociación de Abogados Laboralistas del Paraguay y de la Coordinadora de Víctimas de la denominada “mafia de los pagarés”.
Durante la reunión, la Comisión puso en contexto la discusión impulsada en torno a los criterios aplicados para el cálculo del límite máximo de descuentos sobre salarios de funcionarios públicos.
En ese marco, se destacó una reciente resolución dictada por una jueza de paz de la ciudad de Luque, promovida por la defensora pública Leticia Casaccia, mediante la cual se dispuso la reducción del monto de la cuota de embargo. La resolución establece que el límite legal debe calcularse sobre el salario neto o efectivamente disponible del trabajador, y no sobre el salario presupuestado, criterio que venían aplicando algunas instituciones como el Ministerio de Educación y Ciencias y el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
A partir de este antecedente y del análisis del marco legal vigente, se desarrolló un diálogo entre las instituciones presentes. En ese contexto, coincidieron en que, conforme a la ley y a los principios protectores que rigen en materia laboral, el cálculo del límite máximo de descuentos debe realizarse sobre el salario neto del trabajador.
Según señalaron, este entendimiento constituye un paso para garantizar la correcta aplicación de la normativa, proteger el ingreso efectivo de los trabajadores y avanzar en soluciones frente a situaciones de descuentos abusivos que afectan a numerosos servidores públicos.
Durante el encuentro también se abordó la situación de los descuentos judiciales aplicados a trabajadores del sector privado. En ese sentido, se planteó la importancia de precisar que el cálculo del descuento mensual se realice a partir del salario percibido una vez descontado el aporte al Instituto de Previsión Social (IPS).
Para ello, se evaluará si resulta necesaria la adopción de una medida legislativa o administrativa que permita establecer con claridad este criterio.
La Comisión Especial indicó que continuará acompañando este proceso de articulación institucional, con el objetivo de establecer criterios claros, fortalecer la seguridad jurídica y garantizar la protección efectiva del salario de las trabajadoras y los trabajadores afectados.
