Denuncian que la administración anterior no impulsó diligencias para recuperar inmuebles en el Chaco transferidos a firmas offshore, a pesar de las prohibiciones legales.
La Procuraduría General de la República (PGR) mantuvo paralizado por cerca de tres años un expediente relacionado con la supuesta vulneración de la Ley de Seguridad Fronteriza, según denunció la Asociación Espíritu Santo. El escrito señala que, durante la gestión de Marco Aurelio González, no se habrían promovido las acciones necesarias para sancionar o revertir la entrega de territorio protegido a favor de empresas extranjeras.
El conflicto jurídico vincula a la mencionada asociación con firmas offshore radicadas en jurisdicciones de baja tributación, como las Islas Vírgenes Británicas y la República de Chipre. Se trata del mismo caso que derivó en la remoción de la magistrada Tania Irún, quien fue destituida tras detectarse irregularidades en el proceso de cesión de aproximadamente 310.000 hectáreas ubicadas en el Chaco paraguayo.
Ante la falta de avances, el abogado Gerardo Galeano, en representación de la parte afectada, presentó un requerimiento formal ante el actual encargado, Rubén Elidio Gaona. Por medio de este documento, se solicita nuevamente la apertura de una Acción Autónoma de Nulidad, con el objetivo de salvaguardar la soberanía nacional frente a la presunta transgresión de la Ley 2532/05.
De acuerdo con la misiva, la conducta omisiva de la Procuraduría permitió que los contratos cuestionados mantuvieran su vigencia jurídica pese a los reiterados reclamos. El escrito resalta que el Decreto 7525/11 otorga a la institución la facultad de intervenir de oficio ante cualquier anomalía detectada en la propiedad de inmuebles situados dentro de las áreas de seguridad fronteriza.
En el texto remitido a la PGR, el abogado Galeano dejó constancia de los pedidos que habrían sido ignorados anteriormente, manifestando que «por más de años y en reiteradas ocasiones he solicitado vuestra intervención y ante la inacción me veo obligado a reiterar dicha solicitud».
Con esta nueva notificación, la actual administración de la Procuraduría deberá determinar si procede con el requerimiento de accionar contra el esquema que facilitó la transferencia de tierras a sociedades de paraísos fiscales.
El trasfondo de esta operación ya fue cuestionado por integrantes de la Corte Suprema de Justicia; específicamente, los ministros Luis María Benítez Riera y Manuel Ramírez Candia, quienes, como miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, votaron por la destitución de la jueza interviniente al considerar que su resolución ignoró las restricciones legales que protegen los límites territoriales del país.
