El juicio oral y público contra la exjueza en lo Civil y Comercial Tania Carolina Irún Ayala continuará este viernes con la etapa final de producción probatoria y el eventual inicio de los alegatos finales ante el Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Rossana Maldonado, Lourdes Garcete y Juan Francisco Ortíz. La exmagistrada se encuentra procesada por presunto prevaricato, tras haber dictado en el año 2018 la resolución que otorgó 310.000 hectáreas de tierras en el Chaco —protegidas por la Ley de Seguridad Fronteriza y valuadas en unos USD 500 millones— a favor de sociedades offshore en un litigio contra la Asociación del Espíritu Santo.
En la audiencia anterior la querella adhesiva solicitó formalmente la autorización para la filmación y transmisión en vivo del juzgamiento, argumentando la trascendencia institucional y el impacto de la causa en la soberanía territorial.
El representante legal de la entidad querellante, el abogado y exfiscal Francisco de Vargas, remarcó que la publicidad del proceso resulta indispensable tratándose de presuntos actos de corrupción atribuidos a una exmagistrada.
“Tratándose de un juicio por hechos de enorme trascendencia institucional, vinculados con presuntos actos de corrupción y con una causa que afecta intereses esenciales de la Nación, la transmisión de las audiencias constituye una garantía para la ciudadanía y una forma de fortalecer la credibilidad del Poder Judicial. La justicia no solo debe hacerse; también debe poder ser vista por el pueblo paraguayo”, afirmó De Vargas.
El profesional citó el artículo 6º del Código Procesal Penal para recordar que la publicidad es la regla en el sistema republicano. “Resulta difícil comprender que quien sostiene públicamente su inocencia pretenda impedir que el pueblo paraguayo observe el desarrollo del juicio. Si la defensa está convencida de la inocencia de su representada, la transmisión del debate debería ser la mejor oportunidad para demostrarlo”, agregó.
Ante la solicitud, la representación del Ministerio Público no presentó objeciones a la transmisión audiovisual del proceso. En contraposición, la defensa técnica de la exjueza se opuso al planteamiento argumentando que todas las actuaciones de la audiencia ya quedan debidamente registradas en actas. Ante las posturas contrapuestas, el Tribunal de Sentencia, integrado por las magistradas Rossana Maldonado, Lourdes Garcete y el juez Juan Francisco Ortíz, resolvió hacer lugar de manera al pedido.
“Primeramente, se hace lugar parcialmente al pedido teniendo en cuenta que vamos a hacer lugar al pedido de la filmación y vamos a remitir el oficio a la Oficina de Comunicaciones de la Corte (…). Ya no depende de nosotros su disponibilidad para venir a filmar íntegramente el juicio oral”, explicó la jueza Rossana Maldonado. A su turno, el magistrado Juan Francisco Ortíz complementó la resolución señalando que dicha vía constituye el canal formal de cobertura. “Es la vía institucional formal donde se transmite por TV Justicia, y en todo caso, si dicen que no, revemos y que sea de la forma propuesta”, puntualizó.
El juzgamiento prosigue este viernes con el tramo final de la producción de pruebas documentales y no se descarta el inicio de los alegatos finales de las partes, tras lo cual el colegiado deberá expedirse sobre la transmisión del debate.
“La decisión corresponde al Tribunal de Sentencia y la querella espera que haga prevalecer el principio de publicidad establecido en el artículo 6º del Código Procesal Penal. En un Estado democrático, la regla es la publicidad y el secreto constituye una excepción que debe estar debidamente fundada”, concluyó el abogado Francisco de Vargas.
