Autoridades del Ministerio de Hacienda mantuvieron una reunión con sindicatos de funcionarios públicos y ratificaron su decisión de racionalizar los beneficios del sector. En unos 15 días se tendrán los resultados de la mesa de diálogo.
“Abrimos una mesa de diálogo y en 15 días se tendrán los resultados de esa negociación. La intención principal es que no se perjudique a los usuarios de las empresas públicas que son los que están haciendo los reclamos y algunos entes descentralizados que estaban con la medida de fuerza”, informó el viceministro de Tributación, Oscar Orúe, quien encabezó en la víspera el encuentro con los sindicatos de empresas públicas.
Orúe remarcó que la intención del Gobierno es no ceder en lo que ya se decidió, es decir que los pagos de beneficios se hagan una o dos veces por año y que no superen dos salarios mínimos. En ese sentido anunció que analizarán la situación de cada institución al igual que los beneficios.
“El Gobierno se va mantener en establecer topes de beneficios para que justamente no haya una desproporción y una inequidad al momento de estar percibiendo ciertos beneficios”, remarcó.
Sobre el punto reconoció que hay montos muy significativos en los beneficios de algunas instituciones y por ello el Ejecutivo decidió establecer topes.
Los funcionarios por su parte alegan que hay un «perjuicio muy grande y una violación de los contratos colectivos, señalando que un decreto no puede estar por encima de la ley».
“Nosotros consideramos que eso no es así y que dentro de las atribuciones del presidente está justamente establecer la reglamentación de la Ley de Presupuesto y todos los pagos se hacen conforme a la misma, no hay ninguna ilegalidad en ese sentido”, comentó.
El secretario de Estado aseguró que con el recorte de beneficios, el Estado tendrá un ahorro aproximado de 25 millones de dólares al año, monto que será redireccionado a inversiones públicas.
“Con la Abogacía del Tesoro Público y la Contraloría vamos a ver si estos contratos son legales en primer lugar y en segundo lugar si jurídicamente amerita continuar con estos beneficios. La idea es estandarizar los pagos (…) en un año lo máximo que van a cobrar es 6 millones de guaraníes, algunos llegaban a cobrar entre 16 y 20 millones de guaraníes, solamente en beneficios. En 15 días tendremos los resultados”, explicó finalmente.
Con información de IP
