A criterio del senador liberal Fernando Silva Facetti, es viable y totalmente legal hablar del posible recorte salarial en el sector público, por la Pandemia del Coronavirus.
El legislador señaló que es factible ya que el Poder Ejecutivo tienen la dirección de las normas administrativas laborales lo que le otorgan el derecho a modificar las condiciones del contrato del trabajo entre el funcionario y el estado.
Aclaró sin embargo que esto debe estar sujeto a ciertos requisitos: como la racionabilidad, la no alteración esencial del contrato, etc., ya que a diferencia del sector privado, el estado si puede recortar el salario en épocas de guerra, revoluciones, desastres naturales o en este caso particular, la pandemia.
“El estado tiene la obligación de defender el interés general de la población sobre el particular y más cuando la vida y salud de la gente está en peligro como en esta pandemia”, expresó el congresista.
Silva Facetti explicó que este descuento que se pretende llevar adelante y que particularmente apoya, solamente debe ser aprovechado por el sector de la salud pública, que debe ser el beneficiario de este gasto extraordinario, para paliar las deficiencias que tiene el presupuesto.
Otro aspecto resaltado por el legislador es que solamente una ley especial puede producir este descuento salarial y justificadamente, por un tiempo razonable, en este caso, por ejemplo, mientras dura la emergencia.
“Si es posible, y también se puede temporalmente suspender los efectos del contrato colectivo”, dijo tajante el parlamentario.
Finalmente, resaltó que esta crisis económica no escapa a ningún funcionario público, ya que está en riesgo incluso el pago de los salarios a los más de 300 mil dependientes del estado. “No es prescindir, es decir echar, sino es solo reducir salarios, un descuento razonable de los que más ganan”, concluyó.
Cabe destacar que existen al menos cuatro proyectos pendientes de tratamiento y que plantean recortes al salario público, desde el salario del presidente de la república, los ministros, legisladores, directores de entes, directores de binacionales, incluso del grueso del funcionariado cuyo salario sea superior a los 4 salarios mínimos mensuales.
