Los senadores del Frente Guasú, Esperanza Martínez y Jorge Querey confirmaron que desde la bancada del Frente Guasú solicitaron la comparecencia del Ministro de Salud Julio Mazzoleni, ante la Comisión Bicameral de Control de los recursos destinados a la ley de Emergencia para la contención del Covid19 ante la gravedad de las denuncias de corrupción y sobrefacturaciones en compras de equipos médicos.
Los Senadores calificaron de sumamente graves las denuncias que se han publicado en los días recientes en relación a sobrefacturaciones y otros presuntos hechos de corrupción en la adquisición de equipos médicos con los recursos destinados para la contención de la pandemia del Covid-19, y provenientes de los fondos de 1600 millones de dólares de préstamos aprobados por el Congreso Nacional para el citado fin.
Martínez, manifestó que nuestro país vive hoy una situación de crisis económica y social con cientos de miPymes que están quebrando, miles de puestos de trabajo que se están perdiendo, y un sinnúmero de gente que está pasando hambre por la ineficacia de las políticas de mitigación para los cuales se le otorgó al Poder Ejecutivo un fondo de 1600 millones de dólares, y que en este contexto hechos se sobrefacturación y corrupción con esos recursos, resultan inaceptables.
Por su parte, el Senador Jorge Querey manifestó que el Ministro Mazzoleni y el Presidente Mario Abdo Benítez deben dar las explicaciones pertinentes, por cuanto que personas del entorno muy cercano, al Gabinete Civil de la Presidencia y del Ministerio de Salud, aparecen como estando en conocimiento de los hechos que se denuncian. En este sentido es que desde el FG, se solicita la intervención de la Comisión Bicameral de Control, atendiendo que el Senado debe cumplir su rol constitucional de contralor.
Convocan al Ministro de Salud ante Comisión de Control de uso de fondos de Emergencia
Subrayaron que todos los hechos que se han publicado deben ser eficientemente investigados y juzgados con toda la fuerza de la ley, de lo contrario será la ciudadanía la que ejercerá un juicio social sobre el Ministerio Público, como sobre los representantes de otros poderes del Estado.
