Por unanimidad, la Cámara de Senadores aceptó el veto del Poder Ejecutivo a la ley que despenaliza la presentación de la Declaración Jurada falsa, texto sancionado por la Cámara de Diputados.
El documento eximía a los funcionarios públicos de ser penados en caso de presentar Declaración Jurada Falsa, es decir, por mentir sobre sus bienes y establecía este hecho sólo como falta administrativa.
El documento inicialmente planteado por el Senado fue modificado por los diputados en los términos vetados por el Ejecutivo, y en la fecha por unanimidad el Senado acepta la decisión del presidente de la república, Mario Abdo Benítez.
