En el marco del estudio del proyecto de ley “Que incorpora medidas excepcionales en el ámbito de aplicación de las medidas cautelares del sistema penal”, que plantea descongestionar la población penitenciaria la Comisión de Asuntos Constitucionales postergo la emisión del dictamen por 8 días, por lo que el documento será analizado recién la próxima semana en cámara baja.
Se trata de una iniciativa, con media sanción de la Cámara de Senadores, que tiene por objeto reducir la población penitenciaria, dentro del marco de la emergencia sanitaria por la pandemia del Cóvid-19.
La comisión analizó hoy el proyecto junto con la ministra de Justicia, Cecilia Pérez Rivas; la defensora general de la República, Lorena Segovia; la juez de Ejecución Penal, Silvana Luraghi y la fiscal de Ejecución Penal, Celia Beckelmann, quienes dieron su parecer sobre el documento.
El diputado Derlis Maidana explicó que los expertos recomendaron realizar algunos ajustes necesarios para una mejor aplicabilidad de la ley, por lo que postergaron por una semana la emisión del dictamen.
Por otro lado, el congresista se mostró preocupado por la cantidad de personas sin condenas firmes que, según datos recabados, ronda los 12 mil casos, cantidad a la que debe sumarse los pendientes por sobreseimiento libre, los cuales se ven afectados por el exceso de trabajo y el poco personal para el desarrollo de audiencias preliminares, según detalló.
El texto, impulsado por el senador Fernando Silva Facetti, en la versión de la Cámara de Senadores, establece que podrán concederse medidas temporales de prisión domiciliaria a personas privadas de su libertad que cuentan con autorización judicial para realizar salidas transitorias; condenados que se hallan bajo régimen de semilibertad; y quienes hayan cumplido las dos cuartas partes de la pena privativa de libertad.
Igualmente, abarca a condenados a penas privativas de libertad igual o menor a diez años y por la comisión de hechos punibles no violentos, no vinculados con hechos punibles cometidos contra la vida, la autonomía sexual, indemnidad sexual de menores de edad, violencia doméstica o violencia familiar o hechos punibles cometidos contra las mujeres por su condición de tales o grupos en situación de vulnerabilidad y; condenados que integran grupos de riesgo de alta morbilidad en caso de contraer la enfermedad COVID-19.
«Personalmente estoy a favor del proyecto, con modificaciones, atendiendo la situación sanitaria; hay personas mayores de 60, embarazadas que corren riesgo de infectarse», indicó el diputado Maidana.
Finalmente, informó se solicitó informes al Ministerio del Interior y al Poder Judicial, en relación a las audiencias preliminares.
