El representante legal del propietario de las tierras en conflicto, en Paso Yabai, David Castillo, relató en declaraciones a Radio Chaco Boreal que personas identificadas con la coordinadora de mineros desde noviembre del año pasado están en una situación irregular en el inmueble, propiedad de su defendido, el ciudadano alemán Jochen Langer.
El abogado resaltó que estas personas se instalaron en el lugar y firmaron un contrato de prestación de servicios con la empresa Lampa SA que tiene los derechos de explotación de minas en esta zona, que no tiene ningún efecto; para el ingreso en ingreso al inmueble privado. “En cualquier circunstancia las personas deben tener permiso de los propietarios y es el hecho que no se cumplió”, explicó el abogado a Radio Chaco Boreal.
Castillo resaltó que cuando se consumó la ocupación en noviembre del año pasado, formularon una la denuncia penal ante el Ministerio Público, y los ocupantes fueron identificados e imputados por coacción.
Cabe destacar que la propiedad en disputa está ubicada en Paso Yobai distante a 3 kilómetros del centro urbano. El abogado destacó que son 600 hectáreas y unas 15 hectáreas fueron invadidas por esta coordinadora liderada por Abraham Almada y unos 5 miembros de su familia quienes buscan apropiarse de estas tierras.
“Se han cometido delitos ambientales, se han destrozado árboles y realizaron una excavación gigantesca buscando supuestamente el mineral”, resaltó.
Alertó que los ocupantes presentaron una denuncia contra la firma Lampa de cumplimiento del contrato, y la jueza de Villarrica Vanessa Miño les otorgó una medida cautelar para que puedan ingresar e invadir esta propiedad privada.
“Nunca se ha visto esto, en lo que pude averiguar con colegas, no hay precedentes de que una jueza conceda una medida cautelar cuando el propietario del inmueble siquiera es parte del contrato”, refirió. “Esta medida cautelar es nula por donde se le mire y fue dictada un 24 de diciembre, en plena navidad, llamativamente” insistió.
Resaltó que el abogado de la coordinadora pidió el 27 de diciembre una aclaratoria sobre los alcances de la medida cautelar y ese mismo día la jueza resolvió que la coordinadora puede ingresar a la propiedad privada.
Aclaró que denunciaron esta situación y a la jueza Miño ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, pero no hubo respuesta por parte del JEM.
“Ellos tienen respaldo político muy fuerte en la zona, que traba lo judicial y los fiscal y es difícil competir contra los que tienen apoyo político, porque manejan todo en la zona”, resaltó a la 1330 am.
